Editorial: ¿De qué cambios hablamos?

LEY DE MINERÍA. Toda legislación es perfectible, la Ley General de Minería no es la excepción. En el Parlamento existen ocho proyectos que buscan cambiar una parte o toda la norma, incluso en marzo de este año el ministro de Economía se presentó ante el Congreso buscando que se aprobaran algunas modificaciones en materia tributaria —que fueron rechazadas—.

Sin embargo, desde hace un par de meses, bajo la presión de quienes se oponen al proyecto Tía María, la revisión de la actual ley se ha puesto sobre la mesa, incluso el presidente Vizcarra afirmó que hay algunos aspectos de dicha norma que están desfasados.

Si bien los cambios pueden ser necesarios, la coyuntura puede no ser la adecuada. Los gobernadores de la Mancomunidad del Sur están preparando un proyecto que esperan que el Parlamento apruebe, y ninguna buena norma nació bajo presión sin un debate técnico, profundo y amplio; ejemplos hay muchos. De lo que se conoce, la propuesta plantea un impuesto adicional de 10% a las utilidades netas de las mineras, apoyo técnico a la pequeña minería y la minería artesanal, la reducción de la vigencia de las concesiones a solo 12 años y establecer como requisito formal la licencia social para iniciar un proyecto minero.

Antes de iniciar un debate sería necesario que al interior del Parlamento se aclaren conceptos y se derrumben mitos. Decir que ninguna minera cumple las normas ambientales o que no pagan impuestos —como han dicho algunos congresistas— no es un buen preámbulo. Asimismo, si se quiere incluir conceptos como licencia social o consenso (que hoy no existen legalmente) será importante darle un contenido claro y transparente.

Tampoco se debe olvidar que las normas actuales hablan de consulta previa en el caso de pueblos indígenas u originarios y de participación ciudadana para el resto de casos, pero siempre se trata de decisiones no vinculantes, incluso se plantea que no se logren acuerdos en cuyo caso siempre es el Estado el que tiene la última palabra, pues la mirada del beneficio general es la que prima.

Un debate serio debe incluir la mirada de las experiencias en otros países para no perder competitividad. La minería es una actividad importante para la economía peruana y esta puede llevarse adelante maximizando el beneficio para todos los involucrados, el país, la zona de influencia y las empresas. Eso es lo que debe primar en el debate y no el tema ideológico. La tarea no será fácil.