Editorial de Gestión. “Por respeto al país, el Gobierno debería ser lo más transparente posible, no solo anunciando las dosis que espera conseguir, sino sobre todo las que llegan y cómo se utilizan”.  (Foto: Ernesto Benavides / AFP)
Editorial de Gestión. “Por respeto al país, el Gobierno debería ser lo más transparente posible, no solo anunciando las dosis que espera conseguir, sino sobre todo las que llegan y cómo se utilizan”. (Foto: Ernesto Benavides / AFP)

La crisis sanitaria que aqueja al Perú desde hace más de un año no tiene visos de amainar y, por el contrario, las noticias de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 más contagiosas ponen a prueba nuevamente al sistema de salud y al país en general. La secuela negativa es pan de cada día. Los peruanos, lamentablemente, nos acostumbramos a convivir entre cifras de contagiados que rompen récords, un alto número de decesos, falta de camas UCI, escasez de oxígeno y, lo que es peor, las marchas y contramarchas de los dos presidentes que han estado a cargo del país durante este periodo y que han generado desconfianza y que se instale un clima de que se cuida el que quiere o el que puede. Además, la falta de transparencia y la abundancia de contradicciones reforzaron el desinterés de la ciudadanía en los comicios, pues su preocupación se centra en lo inmediato.

La vacuna pudo significar la solución para empezar a vencer al covid-19, pero no ha sido así. En agosto del 2020, el entonces presidente Martín Vizcarra dijo que el Gobierno estaba en proceso de adquisición de 30 millones de vacunas, a través de cinco laboratorios y la iniciativa Covax Facility (CF). Meses después, tras su destitución, se supo que, salvo con la iniciativa CF, no existía ningún contrato firmado.

Pero al Gobierno de Sagasti no le ha ido mejor. Las fechas e información de las vacunas con el consabido “están por llegar” cambian día con día y los voceros se contradicen entre sí. En enero se dijo que había un acuerdo con Sinopharm de China para comprar 38 millones, que llegaría un primer envío de un millón en enero (llegó en febrero) y luego dos millones más en marzo (ahora ya no hay fecha). Es más, desde el Gobierno ya no se hace publicidad sobre los 37 millones que están pendientes. En el caso de las vacunas de Pfizer, se habló de un grupo de 250,000 en marzo y aún se esperan 50,000 de ese grupo y se había anunciado 300,000 dosis para abril, pero ya se redujeron a 117,000. Como si no fuera suficiente, ahora se anuncia que llegará la vacuna rusa en algún momento del año. Lo cierto es que el Gobierno crea expectativas al anunciar acuerdos que no firma aún y millones de vacunas que no llegan.

Además, el proceso no ha estado ajeno ni a la corrupción ni a la ineficacia. Por un lado, fue el escándalo de las vacunas vip o Vacunagate, donde los encargados del estudio usaron las vacunas como moneda de cambio, beneficiándose desde Vizcarra hasta otros miembros del Ejecutivo, incluidas las ministras Mazzetti y Astete, quedando aún por esclarecer si el presidente Sagasti tenía conocimiento del caso de la excanciller.

Pero ya con las dosis compradas también se han dado casos de uso indebido, vacunando a quienes no estaban en el padrón oficial, como en Loreto, Amazonas y Ucayali. Eso sin contar con el personal administrativo del Minsa que realiza teletrabajo y aun así fue inoculado. Ya a estas alturas se percibe hasta indolencia de parte de las autoridades, a lo que se suma la corrupción en el interior del país. El Ejecutivo solo muestra indignación, pero en la práctica no hace nada por evitarlo.

La población está muy ilusionada con la vacunación y, por respeto al país, el Gobierno debería ser lo más transparente posible, no solo anunciando las dosis que espera conseguir, sino sobre todo las que llegan y cómo se utilizan.

Es crítico, por ejemplo, que el viernes último Essalud recién informara que solo recibió 50,310 vacunas de Pfizer y que las personas mayores de 85 años registradas en su institución suman 148,785. Es decir, las dosis recibidas apenas alcanzaron para vacunar a la tercera parte de este grupo. Conocer la realidad hubiese servido para reducir las expectativas de las personas, pues se generalizó afirmando que se vacunaría a todos los mayores de 85 años, y seguramente ahora las dosis que se reciban deberán utilizarse para la segunda dosis de los ya vacunados.

“Por respeto al país, el Gobierno debería ser lo más transparente posible, no solo anunciando las dosis que espera conseguir, sino sobre todo las que llegan y cómo se utilizan”.


Es verdad que el proceso no puede avanzar más allá de las dosis con las que se cuenta, pero si no se dice la verdad, los peruanos seguirán esperando, y las expectativas incumplidas son un caldo de cultivo para la indignación.

¿De qué sirven los acuerdos con las municipalidades o el sector privado si no hay vacunas? Si no se dice la verdad y no se habla de manera transparente se suma un problema más a la pandemia. Sin las vacunas en el país es irresponsable afirmar “planteamos como meta que, de aquí a fines de abril, hayamos vacunado a todos los adultos mayores de 80 años”, tal como dijo el ministro Ugarte.

Pero este punto no es el único en que el Gobierno actúa mal. Poniendo toda la fe en las vacunas se descuida el tema de las variantes y en este momento los epidemiólogos piden reforzar la vigilancia genómica para poder conocer cuál es la variante del virus SARS-CoV-2 que prevalece en el país —las cifras evidencian que esta segunda ola es muy diferente a la primera—, no solo para poder decidir qué acciones tomar para hacerle frente sino para poder conocer si las vacunas adquiridas harán efecto a las nuevas variantes. La realidad es que no hay estudios ni un rastreo de lo que enfrentamos. Otra muestra de su mala actuación es la falta del sentido de la urgencia. La burocracia en torno a facilitar la provisión de oxígeno es una de las más penosas evidencias.

Pero si el Gobierno no lo hace bien, tampoco se puede esperar mucho de quien tome la posta en julio, pues ninguno de los candidatos tiene claridad sobre cómo hacerle frente a la pandemia. Más allá de ofrecer populistamente vacunas a todo el país antes que termine el año y hablar de facilitar el acceso al oxígeno para los enfermos, lo cierto es que no existe un plan concreto. Nadie explica cómo actuarán si los contagios se incrementan, tal como sucede en los últimos días.

Asimismo, es importante estar atento a la experiencia de otros países. Por ejemplo, Chile que ha tenido un rápido avance en su proceso de vacunación (30% de su población ya recibió la primera dosis) ha vuelto a confinar al 70% de la población debido al aumento de contagios y muertes (una de las más altas tasas de mortalidad por covid de América Latina) evidenciando que la vacuna no asegura que se pueda regresar a la normalidad.

Desde el inicio de la pandemia, Gestión sostuvo que, siendo importante la economía, la salud es lo primero. Por ello exigimos una estrategia coherente que apueste por el equilibrio y no que varíe según se mueva el viento, pues hasta ahora solo se actúa por reacción frente al avance del virus, no con la razón o basados en la ciencia. Si se decide apostar por reducir la movilidad entre regiones, hacerlo asumiendo las consecuencias, y si se plantea otro bono, debe ser reconociendo que usar la caja fiscal es una salida engañosa, pues no se podrá mantener en el tiempo, mientras no se tenga claridad en los planes de vacunación. Este problema es en la actualidad el más urgente a solucionar.