Editorial de Gestión. Uno de los grandes problemas es que no se incluye a todos los peruanos". (Foto: GEC)
Editorial de Gestión. Uno de los grandes problemas es que no se incluye a todos los peruanos". (Foto: GEC)

REFORMA PENSIONARIA. En un país tan fragmentado como el Perú es muy difícil encontrar temas en los que la mayoría coincida, pero la necesidad de reformar el sistema pensionario sí es uno de ellos. Tanto quienes aportan al sistema privado (AFP) como quienes lo hacen al sistema público (ONP) reconocen falencias en ambos regímenes. Sin contar el alto porcentaje de quienes en este momento no tienen ningún tipo de fondo que pueda asegurarles una pensión de jubilación.

Este no es un problema reciente, sino que se arrastra desde hace varios años, al que ni el sector público ni el sector privado supieron responder en su momento. A pesar de ello, la conformación en el Congreso de una Comisión de Reforma Previsional generó temores, por el alto grado de politización de los miembros de la comisión y la postura de algunos congresistas de culpar de todos los problemas a un solo elemento de la ecuación. Presentados los lineamientos que servirán de guía para el proyecto que el equipo de trabajo debería tener listo a fines de este mes, los temores se convirtieron en dudas y cuestionamientos.

Los lineamientos señalan que el nuevo sistema previsional tendrá tres pilares. El primero, sustentado en una pensión básica universal que se entendería a cargo del Estado, aunque no está claramente definido, como tampoco de dónde provendrán los recursos (¿impuestos?), el monto o los beneficiados.

Pero quizás los mayores cuestionamientos surgen al hablar del segundo pilar, el contributivo. Se menciona que habrá dos fondos, uno de riesgo individual y otro de riesgo compartido con “mecanismo redistributivo”. Si bien la presidenta de la comisión, Carmen Omonte, ha asegurado que ambos fondos serán 100% propiedad del trabajador, no ha podido explicar qué quisieron decir con “mecanismo redistributivo”. Con lo cual, queda la idea de que este funcione como un fondo común que se reparta entre todos los afiliados (igual que en la ONP), lo que afectaría a los trabajadores. Sin respuestas claras por parte de Omonte, el riesgo es latente.

A esto se ha sumado la aprobación de que sea un organismo público que dependa de la Presidencia del Consejo de Ministros la entidad encargada de controlar todos los aspectos del sistema de pensiones. La comisión aún no ha dado a conocer el proyecto completo. Cuando lo haga, será necesario revisar cada propuesta y generar un amplio debate para su evaluación. Además, uno de los grandes problemas de la propuesta es que no se incluye a todos los peruanos. Los trabajadores independientes –que son la mayoría de la PEA– no están obligados a aportar, y deberían estarlo.

También será indispensable revisar si todas las ideas, que pueden ser eficientes en el papel, pueden funcionar en una realidad laboral mayoritariamente informal como la peruana. Un tema tan importante como este no puede regularse políticamente. Es necesario buscar un régimen que funcione para todos y hacer responsable a cada persona de su futuro previsional.


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