Sin brillo

INVERSIÓN PRIVADA. Hasta hace poco más de un lustro, se pensaba que las asociaciones público-privadas (APP) eran la solución óptima para cerrar la brecha de infraestructura que padece la economía peruana. Se trata de una modalidad de participación de la inversión privada en la que, según el MEF, “se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto” (entre el inversionista y el Estado), “para la implementación de proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios”. En general, se trata de megaproyectos con plazos de concesión de hasta 60 años, ampliables.

Pero debido a los destapes del caso Odebrecht –participante importante de proyectos APP en el país– y otros problemas como la demora en la ejecución y puesta en marcha de proyectos, además de la proliferación de adendas –algunas de ellas controvertidas– a los contratos de concesión, que alargaban plazos y encarecían las obras, las APP perdieron el atractivo del que gozaban y cedieron su protagonismo al esquema Gobierno a Gobierno (G2G), que actualmente figura como solución en muchos de los proyectos en la lista que elaboró el MEF hace un par de años. Sin embargo, esta última alternativa no tiene el consenso para ser calificada como la mejor opción.

No obstante la pérdida de brillo, hay casi US$ 8,000 millones pendientes de invertir en proyectos con contratos APP adjudicados y US$ 2,305 millones en APP que requerirán del impulso de parte del nuevo Gobierno. Pero no solo hará falta un esfuerzo de promoción, sino también una afinación de la normativa, especialmente en lo concerniente a la evaluación de riesgos y la respuesta de los organismos reguladores para el cumplimiento de plazos. Tres casos recientes ilustran esa necesidad.

El primero es la Red Dorsal de Fibra Óptica, cuyo contrato de concesión acaba de ser resuelto, pues el proyecto no resultó rentable. Solo se utilizaba el 3.2% de la capacidad instalada y los ingresos apenas cubrían el 7.7% de los costos. Pero el problema surgió el 2015, o sea que pasaron casi seis años para que el Estado se diera cuenta que estaba haciendo pagos excesivos a la concesionaria. El otro es la Línea 2 del Metro de Lima, demorado casi cuatro años porque el Estado no cumple con sus obligaciones (levantamiento de interferencias, falta de experiencia para aprobar estudios de ingeniería, etcétera).

También se habló de establecer contratos marco para las APP, pero las discrepancias entre la Municipalidad de Lima y el MEF en torno a la adenda 2 del proyecto Vías Nuevas de Lima indicarían que aún hay dificultades para ponerse de acuerdo en lo elemental. Otro reto pendiente para el nuevo Gobierno.