Sanción a los delincuentes

VANDALISMO. Desde hace varios meses atrás la situación política no daba para más, el descontento ciudadano tanto hacia el Poder Ejecutivo como hacia el Poder Legislativo era claro. El intento golpista del expresidente Castillo aceleró uno de los desenlaces y la decisión de la mandataria Dina Boluarte de adelantar las elecciones busca hacer oídos al clamor del “que se vayan todos”. Sin embargo, a pesar de estos hechos, en los últimos días, escondidos tras la fachada de legítimos protestantes, el país está siendo testigos de verdaderos azuzadores que tratan de llevar a los peruanos a situaciones extremas: seis vidas perdidas, 13 de los 24 departamentos con vías de acceso bloqueadas, ataques contra la propiedad pública y privada, y el intento de instaurar una verdadera política de miedo en aquellos que no compartan sus métodos.

Esta situación ha llevado al Gobierno a decretar el estado de emergencia en todo el país. Es de esperar que esta decisión ayude a que, finalmente, el Gobierno actúe con la severidad necesaria que los hechos ameritan. La protesta es un derecho fundamental, pero debe ejercerse de forma pacífica; quienes atacan a la Policía o dañan bienes públicos o privados no ejercen su derecho a la protesta, sino que delinquen y deben ser sancionados. Esta es la base del principio de derecho que rige al país y ningún descontento ciudadano puede ir en contra de estas reglas. El vandalismo debe ser sancionado.

¿Realizar saqueos, incendiar locales del sistema judicial o atacar con piedras paraderos y buses es una manera de defender la democracia?, ¿cómo se puede justificar el prender fuego al auto de un taxista, impedir el traslado de ambulancias o la llegada de medicamentos a los hospitales?

Quienes protestan argumentan que se trata de infiltrados. Siendo así, les correspondería a ellos mismos separar la paja del trigo y asegurar que la legítima expresión de sus demandas sociales no sea empañada por quienes solo buscan crear el caos. A la Policía y a las Fuerzas Armadas les corresponde darles seguridad a los peruanos, detener a quienes están detrás de estos actos vandálicos, incluidos aquellos que los alientan, y sancionarlos como la ley establece. Aunque a veces no lo parezca, el Gobierno debe tener claro que el número de peruanos que reclama paz para poder trabajar es mucho mayor que los que buscan destruirlo todo.