Sunedu. (Foto: Francisco Neyra/ GEC)
Sunedu. (Foto: Francisco Neyra/ GEC)

Educación. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) concluyó la primera etapa de la reforma universitaria: el otorgamiento de licenciamiento a las casas de estudios que acreditaron el cumplimiento de condiciones básicas de calidad (CBC). Este proceso se inició hace seis años y logró depurar un sistema que funcionaba sin una regulación estricta, al tiempo que permitió que muchas universidades que obtuvieron el licenciamiento ordenaran su oferta educativa en concordancia con sus capacidades institucionales –tuvieron que cerrar sedes y eliminar carreras–.

Las exigencias establecidas para lograr el licenciamiento dieron como resultado que 48 universidades y dos escuelas de posgrado tendrán que dejar de operar en un plazo máximo de cinco años, pues deberán mantener las obligaciones con sus alumnos. De las denegadas, tres son estatales: dos de ellas de larga vida institucional (en Ica y Lambayeque) y otra que no había empezado a funcionar (en La Libertad). Ahora le toca al Ministerio de Educación (Minedu), que funge de promotor de estas universidades, decir claramente cuál será el futuro de las mismas.

Pero la reforma no ha acabado, sino que prosigue con otras acciones, como el licenciamiento de las llamadas “carreras priorizadas”, que se inició en agosto del 2019 con Medicina Humana. La pandemia del covid-19 ha hecho que este proceso se haga aún más necesario, pues puso al descubierto las serias carencias en la prestación de salud, que no se limitan a la deficiente infraestructura sino que también abarcan la gran disparidad en la calidad de la atención que prestan médicos y otros profesionales de la salud.

Al respecto, la primera en obtener este licenciamiento fue la Cayetano Heredia (el 30 de enero), cuya vigencia será de diez años, luego de los cuales tendrá que someterse a una nueva evaluación. Se trata del plazo más prolongado que otorga Sunedu para sus licenciamientos de carreras específicas o universidades en general. Los otros son seis y ocho años, así que en el 2022 se tendrá que iniciar un nuevo proceso de licenciamiento.

Debido a los millonarios intereses económicos y políticos que afectó, la reforma universitaria ha sido blanco de continuos ataques e intentos de sabotearla, en especial desde el Congreso, que orquestó interpelaciones e investigaciones, así como controvertidos proyectos de ley, pero que no lograron su cometido gracias al respaldo del Ejecutivo y de la opinión pública. Ese mismo respaldo deberá exigírsele al próximo Gobierno.