Poniendo parches

AGUA POTABLE. Han pasado diez meses desde que el COVID-19 llegó al Perú y nos cogió completamente desprevenidos. La pandemia puso al descubierto nuestras debilidades estructurales, desde la precariedad del sistema de salud hasta la lenta capacidad de reacción de las autoridades, pasando por la exigua conciencia cívica de muchos –incluidos candidatos presidenciales y congresales– y la empobrecedora dominancia de la economía informal.

Pero a pesar del tiempo transcurrido, se ha hecho muy poco para comenzar a remediar la situación. Se dice que no se puede adquirir más equipos UCI porque no hay personal para manipularlos, pero en diez meses quizás se hubiese podido capacitar a más profesionales de la salud. Ni siquiera hubo un plan para evitar que se repitiera la escasez de oxígeno; solo iniciativas aisladas –generalmente lideradas por instituciones privadas– para aumentar el abastecimiento en ciertas ciudades.

Lo que ha habido, desde el Estado, es la aplicación de parches. Un ejemplo es la distribución de agua, en camiones cisterna, a familias que no cuentan con conexión a la red pública, a fin de que puedan satisfacer una necesidad que ahora es más vital que nunca porque el lavado de manos es una de las acciones fundamentales para prevenir el contagio. El anuncio lo hizo la primera ministra, Violeta Bermúdez, pero resulta que se trata de la continuación de una medida que implementó el Gobierno de Vizcarra, desde abril. Lo novedoso es que en esta ocasión se recurrirá a la emisión de bonos para financiar ese gasto.

Sedapal recibirá S/ 198 millones y las 49 prestadoras del servicio de saneamiento (EPS) en el interior del país, S/ 102 millones. Parte de esos montos también servirá para asegurar la “calidad y continuidad” del servicio, o sea que no todo se destinará a repartir agua –sería exagerado llamarla “potable”–. En suma, se ha vuelto a poner un parche a otra debilidad: la deficiente infraestructura de saneamiento, que a pesar de décadas de promesas y buenas intenciones, sigue sin ser solucionada.

Según el INEI, a setiembre del 2020, el 11% de la población no tenía conexión a la red pública de agua potable. De los que sí accedían al servicio, el 29.4% no contaba con cobertura durante las 24 horas del día. Las cifras del alcantarillado son peores: el 17.7% no tenía conexión a la red pública. Reducir esa brecha no ocurrirá de la noche a la mañana, pero lo lamentable es que ni la pandemia ha logrado que el problema sea tomado en serio y se piense en comenzar a resolverlo.