No más parches

PENSIONES. Como si se tratara de la crónica de una muerte anunciada, el martes el pleno del Congreso aprobó la norma que permite el retiro de los aportes a la ONP. A estas alturas del debate, de más está decir que la norma es antitécnica, que significa un riesgo para la economía y que será observada por el Ejecutivo. Sin duda, tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que termine definiendo la vigencia de la misma, y a pesar de que el Parlamento la apruebe por insistencia es poco probable que se aplique.

Más allá de las críticas al populismo mostrado por los actuales legisladores en más de una de las leyes aprobadas, lo cierto es que respecto a la seguridad social, y más específicamente al régimen público de pensiones, lo dictaminado es muy similar a lo hecho en los últimos 20 años y de ninguna manera resuelve los problemas de fondo que son anteriores a la crisis generada por la pandemia. La autógrafa es más criticable aun cuando este Congreso ha creado una comisión especial multipartidaria para evaluar, diseñar y proponer el proyecto de ley para la reforma integral del sistema previsional peruano.

Del 2002 a la fecha, ninguno de los sucesivos gobiernos se ha atrevido a resolver el problema a pesar de la formación de diferentes comisiones especiales para revisar y reformular los sistemas de pensiones (Ley N° 27617 del 2002, Ley N° 28991 del 2007, Ley N° 29903 del 2012, Comisión de Protección Social, 2016 - 2017, Ley N° 30939 del 2019). Se ha dejado pasar un tema que requería alternativas de solución urgentes pero que pudieran ser viables para el Estado.

Los mayores de 65 años que han aportado durante varios años, pero que no lograron llegar a los 20 años que exige la ley, tienen derecho a tener algún tipo de compensación. Decir que el Estado no tiene dinero sin dar ninguna alternativa es la salida más fácil. Más aún cuando el actual Gobierno encuentra formas de cubrir bonos o afianzar créditos que podrían no ser retribuidos.

Una solución pudo ser otorgar pensiones proporcionales a quienes aportaron menos de 20 años, pero más de 10 e incluir en Pensión 65 a quienes tenían menos años de aporte.

Cuando los problemas existen y no se les da una solución estructurada, cualquier mala opción será acogida. Lo que ha sucedido con la ONP puede ocurrir con otros proyectos populistas que están en la agenda del pleno. El Gobierno no puede excusarse solo en que son inconstitucionales sino que debe ofrecer alternativas.