No bastan los buenos deseos

Transporte. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acaba de prepublicar un proyecto de decreto supremo que busca modificar algunos aspectos del Reglamento Nacional de Tránsito. El punto más resaltante es la fijación de nuevos topes para la velocidad máxima en las calles (30 km/h) y avenidas (50 km/h), medida que estará acompañada con una mayor sanción para aquellos que incumplan las nuevas disposiciones.

La propuesta implica una reducción de 10 km/h con respecto a lo que rige actualmente, por lo que podría no significar mayor problema para los conductores, pero lo cierto es que si en este momento un alto porcentaje de los accidentes son por exceso de velocidad, nada asegura que la modificación de la norma o aumentar las sanciones genere un cambio concreto. ¿La razón? Mientras no mejore el control, las normas no podrán ser efectivas y, lamentablemente, ni el MTC ni la Policía cuentan con el personal suficiente y con capacidad para hacer cumplir la ley.

Nuevamente, un Gobierno, sin duda con buenas intenciones, olvida que en el país sobran las normas, lo que falta es aplicarlas. La educación vial brilla por su ausencia y los malos conductores saben que incluso cuando se les llegue a imponer papeletas estas pueden acumularse hasta el infinito sin que sean sancionados.

Hay innumerables ejemplos al respecto. Todo el tiempo en el que el servicio de taxis colectivos era ilegal (antes de la norma aprobada hace unos días por el Congreso), estos funcionaban sin que la autoridad lo pudiese impedir. Lo mismo sucede con los choferes a los que se les cancela el brevete por faltas a reglamento y luego consiguen sacar un nuevo documento. Peor aún son los casos en que la imprudencia de los choferes cobró la vida de personas y no fueron sancionados penalmente. Es verdad que eso va más allá de la labor que le corresponde al MTC, pero lo cierto es que la sensación de impunidad en el caso del transporte es tan alta que solo un cambio normativo poco podrá conseguir.

Se requiere trabajar desde diferentes frentes. Brindando educación vial desde la etapa escolar, pero también mejorando los sistemas informáticos de manera tal que una persona con infracciones o brevete cancelado no pueda conseguir uno nuevo, y asegurarse de que se contará con los recursos necesarios para fiscalizar adecuadamente las normas que se planteen. Sin esos cambios seguirá vigente el refrán que dice que “de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”.