Momento de sanción

CONTROL. Desde mediados del 2017, la Contraloría General de la República (CGR) ha venido adquiriendo más facultades para realizar su trabajo. Esto no ha caído muy bien en organismos y servidores públicos que no estaban acostumbrados a que su manejo de los recursos fiscales fuese sometido a una cercana vigilancia. Esa ojeriza también proviene del Gobierno de Pedro Castillo, pues una de sus descabelladas ideas era crear un organismo paralelo a la CGR, aunque parece haber desistido (¿por ahora?) tras el cargamontón de críticas que recibió –otro sinsentido que habría descartado es desaparecer el Mincetur–.

Se introdujeron mejoras como el control concurrente, lo que ha permitido detectar irregularidades con mayor rapidez que antaño, en obras ejecutadas por ministerios, gobiernos regionales y municipales, así como por empresas públicas como Petroperú y la interminable y cada vez más onerosa construcción de la refinería de Talara. Asimismo, la información que produce y difunde es mucho más amplia y detallada, como en el caso de las obras paralizadas (3,314 a la fecha), ya que incluye los motivos de esas interrupciones e identifica a los responsables, los que generalmente despachan en más de una entidad, lo cual grafica la falta de coordinación que reina en el sector público.

Sin embargo, algo falta. El propio contralor, Nelson Shack, ha reconocido que menos del 1% de funcionarios públicos identificados (de un total de 32,693) ha sido sancionado, debido a un problema de “falta de celeridad” de sus empleadores y no porque quieran protegerlos. En suma, la CGR ha estado detectando malos manejos, pero, en la práctica, corre el riesgo de que se perciba que su trabajo no tiene efectividad. Un esfuerzo de mayor empoderamiento es la Ley 31288, que tipifica las conductas infractoras y precisa los casos de potestad sancionadora que posee la CGR.

Lamentablemente, la norma ha sido motivo de discrepancias entre poderes del Estado. La autógrafa fue observada por el Gobierno de Francisco Sagasti (la CGR lamentó esa decisión) y fue promulgada por insistencia por el Congreso (en julio). En la víspera del cambio de mando (27 de julio), el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), aunque en cumplimiento del plazo fijado por la norma, la CGR publicó el Reglamento respectivo el 21 de agosto. Habrá que esperar que el TC sopese los argumentos a favor y en contra, pero lo que está claro es que el sistema de control necesita herramientas adecuadas para castigar a los infractores.