Mal proyecto

PENSIONES. Ocho meses después de su creación, la Comisión Multipartidaria para la Reforma del Sistema de Pensiones culminó su proyecto de reforma, el cual fue aprobado ayer por dicha comisión con seis votos a favor y dos en contra.

Si bien la idea es que todos los peruanos puedan contar con una pensión y que para conseguirlo no solo el trabajador aporte a dicho fondo, el planteamiento tiene una visión equivocada de la realidad.

Así, la propuesta plantea que el Estado asuma el pago de una pensión básica universal, que otorgue un copago para la cobertura de salud y entregue un porcentaje del IGV, eso sin contar con el bono que deberá depositar en la Cuenta Personal Previsional de cada peruano al nacer. Estas medidas parecen olvidar que la presión tributaria apenas supera el 14% y que, con los ingresos regulares, hasta el momento, ningún gobierno ha logrado cumplir con brindar los servicios básicos que requiere la población, algo que se ha hecho más evidente con la llegada de la pandemia.

Además, olvidando la ineficiencia del Estado, se plantea crear un organismo público de pensiones para gestionar los fondos de riesgo compartido. ¿Tienen alguna experiencia peruana exitosa para creer que podrá funcionar? Una propuesta similar se planteó en Bolivia en 2015 y seis años después aún no logra entrar en funciones.

Otra evidencia de que la Comisión ha trabajado pensando en una realidad alterna es que, en un país con 70% de informalidad, donde los empleadores formales son la minoría y se buscan maneras de incrementar ese porcentaje, el proyecto les crea una nueva carga, pues deberán aportar por cada trabajador. En la situación actual en que se encuentran las empresas golpeadas por la pandemia, ¿cómo recibirán la propuesta? ¿Se incrementará el número de empresas formales?

Finalmente, el problema actual del Sistema Nacional de Pensiones radica en que los aportes van a un fondo solidario, por lo que no se entiende por qué la comisión insiste en la figura al dividir en dos el aporte del trabajador, de tal manera que un porcentaje vaya a un fondo de riesgo compartido que administrará el Estado. La idea de la solidaridad puede sonar bien en la teoría, pero la propuesta no logra hacerla sostenible y perjudica al trabajador que verá reducido su fondo individual. ¿Creen que así el trabajador podrá ahorrar más para su fondo? Además, ¿qué asegura que en un futuro el porcentaje que se plantea para el fondo compartido no sea mayor al del fondo individual?

Si una propuesta no está pensada para la realidad a la que se pretende aplicar no funcionará.