Los costos del derrame

DESASTRE AMBIENTAL. Hoy se cumplen doce días del derrame de 6,000 barriles de petróleo en Ventanilla –recién el domingo, Repsol admitió su “error de percepción” de la magnitud del desastre– y el hecho y sus consecuencias han seguido siendo noticia, principalmente porque ocurrió muy cerca de la capital y no en algún paraje remoto del país. Asimismo, con el transcurso de los días se ha ido constatando que la ineficiencia e ineptitud del Estado en su labor de prevención también abarca al tema ambiental, lo que hace suponer (y temer) que la supervisión de la reparación de los daños será igual de deficiente.

La primera debilidad está en la regulación. No existe una metodología para calcular los costos sociales del derrame, aparte de que la empresa infractora puede deducir como gasto para el pago del Impuesto a la Renta lo que destina a reparar el daño. La multa máxima que Repsol pagaría sería de US$ 32 millones, un monto ínfimo considerando los ingresos anuales que obtiene en el Perú. Y las entidades que en teoría velan por el cumplimiento de las normas preventivas, como Osinergmin y OEFA, no habrían cumplido esa función a cabalidad.

En estos momentos se investiga si Repsol tenía y aplicó un plan de contingencia –al inicio, se limitó a usar herramientas caseras–, pero como en tantas ocasiones anteriores, quizás ese proceso se prolongue por meses y sus resultados tarden incluso más en darse a conocer. Cabría recordar que no es la primera vez que Repsol reacciona minimizando la magnitud del daño, pues en el 2013 informó de un derrame de siete barriles, cuando en realidad fueron 195. En total, registra 32 infracciones. ¿Se considerará este historial como agravante?

Como sucede con toda clase desastres (terremotos, El Niño, fugas de gas, etcétera), los grandes perdedores son los pobladores, y si nos atenemos a los antecedentes, su situación no se normalizará por mucho tiempo. Aunque a nivel macro el impacto no sería significativo, el derrame sí está haciendo estragos en la economía de la cadena de valor de la pesca artesanal, que abarca la comercialización y consumo, principalmente en restaurantes y que llega hasta la agricultura familiar, proveedora de ingredientes básicos para los platos marinos. Hay que agregar a las personas y empresas que prestan servicios turísticos en el norte chico. No parece que US$ 32 millones cubran todas esas pérdidas.

Mientras que las autoridades se concentran en anunciar acciones legales contra Repsol, nadie ha tenido la claridad de mente para delinear y proponer un plan de ayuda a la población afectada.