Editorial de Gestión. Si no hay reglas claras, la inversión minera, sobre todo en exploración, seguirá en compás de espera. (Foto: Bloomberg)
Editorial de Gestión. Si no hay reglas claras, la inversión minera, sobre todo en exploración, seguirá en compás de espera. (Foto: Bloomberg)

MINERÍA. “Todas las empresas (mineras) están contentas, hasta ahora”, declaró a Bloomberg el ministro de Energía y Minas, Iván Merino. Pero una descripción más precisa sería decir que están confundidas. Es que el nuevo Gobierno ha introducido conceptos que todavía no pasan del discurso efectista. Es el caso de la “rentabilidad social”, punto que fue anunciado por el presidente Pedro Castillo en su discurso de investidura, a lo que se suma el “pacto social” planteado por Merino.

Según el mandatario, la rentabilidad social implica que “todo proyecto debe contribuir con dinamizar la economía local, regional y nacional” –habría que interpretar que se refiere al efecto multiplicador, que la minería sí genera–, así como “incrementar realmente el ingreso nacional propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficios se contabilicen localmente, donde la recaudación de impuestos y regalías sea positiva y relevante”. Resulta que la minería es el mayor generador de divisas por exportación y la balanza comercial del sector es superavitaria. Además, este año pagará una cifra récord de impuestos, parte de los cuales se traducirán en canon y otras contribuciones fiscales.

Si Castillo y su equipo consideran que los beneficios no se contabilizan localmente, tendrían que dirigir la mirada a los gobiernos regionales y municipales, que solo han ejecutado el 61% de sus presupuestos por concepto de canon y regalías. Y también tendrían que evaluar si lo ejecutado estuvo orientado a las verdaderas necesidades de sus poblaciones, pues es inaceptable que localidades que disponen de recursos fiscales no cuenten con servicios básicos, ni con conexión a Internet. Aparte de eso, no se ha explicado si la rentabilidad social será un indicador cuantificable o no.

Otro concepto, está vez planteado por Merino, es el “enfoque territorial integral” para impulsar proyectos mineros, bajo el cual el Minem definirá las inversiones “prioritarias” y la actividad minera sostenible. Al respecto, preocupa la manera en que se llevará a cabo el manejo territorial debido al nombramiento de funcionarios de segunda línea –supuestamente técnicos– con posturas contrarias a la inversión en recursos naturales. Para terminar, Merino ha señalado que de haber nuevos impuestos a la minería, se definirán empresa por empresa. ¿Multiplicación de regímenes tributarios a la vista?

Lo que se requiere es que el Gobierno precise lo que ahora parecen ser globos de ensayo. Si no hay reglas claras, la inversión minera, sobre todo en exploración, seguirá en compás de espera.