Editorial de Gestión.  “Son los congresistas quienes deben fiscalizarse a sí mismos y corregir sus actitudes”. (Foto: GEC)
Editorial de Gestión. “Son los congresistas quienes deben fiscalizarse a sí mismos y corregir sus actitudes”. (Foto: GEC)

PROCEDIMIENTOS. Existe un problema sistemático en el Congreso. Más allá de sus propuestas normativas o de sus objetivos políticos, el Poder Legislativo padece de un afán crónico de no querer seguir su propio reglamento y de querer “sacarle la vuelta” a la forma en la cual se deben desarrollar las iniciativas que se debaten.

Este año, más de 40 leyes fueron aprobadas por el Congreso sin pasar por una segunda votación, la cual debería darse siete días luego de la primera votación para que la población y los especialistas puedan dar sus opiniones de lo que está siendo discutido. Eso pese a que el reglamento del Congreso expresamente señala que “sin el requisito de la doble votación, la Mesa Directiva no puede proseguir el trámite de la ley”. Es verdad que hay la posibilidad de exonerar de la doble votación, pero se ha hecho habitual, pese a que debería reservarse solo para proyectos de extrema urgencia.

La actitud del Congreso pareciera privilegiar la rapidez de sus labores por sobre su reglamento, y por sobre la opinión de la población a la que se supone que representa. Este procedimiento “express” genera leyes que el Ejecutivo se ve obligado a observar, y en más de una ocasión a denunciarlas ante el Tribunal Constitucional porque van en contra de la Carta Magna. En otras ocasiones, porque afectan el presupuesto público.

Desde que el Congreso se reinstauró, en marzo, son varios los casos en los que los proyectos de ley no son enviados a la comisión ordinaria sectorial a la que deberían ir. Proyectos que deberían ser enviados y debatidos en la Comisión de Economía, por ejemplo, terminan en otros grupos de trabajo, y una vez que la iniciativa es debatida en el pleno, recién el presidente de la comisión a la cual se debió enviar inicialmente el proyecto reclama que nunca pudo dar un pronunciamiento sobre la propuesta en discusión.

¿Cuáles son las consecuencias? Mociones en el pleno en las que se pide que el proyecto sea enviado a la comisión correspondiente, pues saben que no se van a conseguir los votos necesarios para su aprobación. Es decir, prima lo “express” como una manera de burlar el reglamento para imponer determinadas iniciativas.

Lamentablemente, la solución depende de la iniciativa del propio Congreso. Son los congresistas quienes deben fiscalizarse a sí mismos y corregir sus actitudes. Pero ya sabemos que no se puede ser cándidos con el Parlamento. Por tanto, corresponde a la población ser más vigilante de la labor de los legisladores.