Editorial de Gestión. Urge volver a poner sobre la mesa la posibilidad de contar con una oficina de análisis económico dentro del Congreso. (Foto: FRANCISCO NEYRA / GEC)
Editorial de Gestión. Urge volver a poner sobre la mesa la posibilidad de contar con una oficina de análisis económico dentro del Congreso. (Foto: FRANCISCO NEYRA / GEC)

CONGRESO. El actual Parlamento ya aprobó varias leyes de carácter económico que implican un alto costo para el país. Algunas de ellas han sido impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Tres fueron declaradas inconstitucionales, una está a la espera de sentencia y el Ejecutivo planea presentar demanda por otras cuatro iniciativas. En estas ocho normas, entre las que están la ley de negociación colectiva del Estado, la eliminación del régimen CAS o una nueva devolución de los aportes al Fonavi, los costos para el erario nacional superarían los 21,000 millones de soles.

Pero aun así el Congreso no se detiene y sigue dando luz verde a proyectos desfavorables para el fisco. Hoy, por ejemplo, se discutirá, por insistencia, un nuevo retiro de fondos de la AFP. Asimismo, en las comisiones de trabajo existen por lo menos nueve propuestas que harían más rígido el mercado laboral.

Esto evidencia que, aunque apenas queden dos meses de legislatura, el actual Congreso todavía podría generar un mayor daño. Y el futuro no se ve muy prometedor. Todas las señales hacen suponer que el siguiente Parlamento seguirá la misma línea. Los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta han decidido hacer planteamientos populistas y se vislumbra que desde sus bancadas pueden impulsar varias de sus propuestas.

De igual manera, varias de las agrupaciones que hoy están en el Congreso y que impulsaron proyectos observados por el Ejecutivo, contarán con curules en el nuevo periodo, por lo que seguramente seguirán con la línea ya iniciada. Es por ello que urge volver a poner sobre la mesa la posibilidad de contar con una oficina de análisis económico dentro del Congreso, cuya finalidad sea establecer de manera técnica y clara los costos y beneficios de cada proyecto de ley presentado. Mientras esta medida toma forma, se debe exigir que quienes ocupen los cargos de asesores cuenten con el conocimiento y la experiencia necesaria para advertir a los congresistas de los riesgos económicos y de los efectos directos e indirectos que generan en la ciudadanía los proyectos que se presentan y aprueban.

No cabe duda que, por su conformación, el próximo Congreso será el epicentro de todas las tendencias políticas que hay en un país fragmentado como el Perú. Si bien esto puede ser riesgoso, dependerá de los parlamentarios que pueda convertirse en un factor favorable. Los congresistas deberían ser el fiel de la balanza para que los proyectos beneficien al ciudadano pero sin afectar los ingresos fiscales, y por ello será fundamental que la ciudadanía ejerza una labor de vigilancia y control.

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