Las buenas intenciones (Foto: GEC)
Las buenas intenciones (Foto: GEC)

POLÍTICA LABORAL. Desde que el nuevo Congreso asumió funciones, la Comisión de Trabajo ya presentó 33 proyectos, varios de los cuales son más que controversiales como el adelanto de la jubilación, el retiro de los aportes a la ONP, la libre disponibilidad del 100% de la CTS, la cuota de trabajo juvenil y todos los planteados específicamente por la pandemia.

Revisar la lista trae ineludiblemente a la memoria el dicho “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, y es que, si bien los parlamentarios aseguran querer proteger a los trabajadores, lo cierto es que para que la protección sea efectiva no bastan solo las leyes. Aunque algunas tendencias políticas consideren lo contrario, esa efectividad se basa en la dinámica económica, la cual no está en contraposición con los derechos laborales.

Justamente, la Comisión de Trabajo acaba de aprobar un dictamen que busca limitar la posibilidad de las empresas —y también de las entidades del sector público— de despedir trabajadores. Una intención que podría considerarse loable, pero que choca con la realidad, pues en este momento una compañía con problemas económicos podría optar por adelantar los despidos antes que la norma entre en vigencia.

Ejemplos de medidas que pueden parecer adecuadas, pero generan perjuicios hay muchos: quienes reclaman una rebaja en las pensiones escolares olvidan que estas entidades deben pagarle a su plana docente; quienes plantean que se deje de pagar los servicios de telefonía e Internet —pensando solo en evitar la suspensión del servicio, el cual efectivamente debería mantenerse—, no recuerdan que estas compañías deben pagarles a sus trabajadores y proveedores, solo por citar algunos casos.

Lo cierto es que mientras más se demore la implementación del reinicio de las actividades económicas más se complica la situación de las empresas y, por ende, la de los trabajadores. Se debe tener en cuenta, además, que reanudadas las labores la recuperación no será inmediata.

La demanda está muy deprimida y tardará meses e, incluso, años en volver a los niveles previos a marzo 2020. Durante este periodo algunas empresas dejarán de existir (y con ello se perderán miles de empleos) si es que en el camino las medidas económicas planteadas no son eficaces o si las compañías no son capaces de reconvertirse o renovarse.

El dictamen aprobado, además de inconstitucional, está legislando solo para el sector formal, cuando las cifras muestran que del 1.2 millones de empleos perdidos en Lima Metropolitana, el 75% son del sector informal. Una mayoría sobre la cual ni el Ejecutivo ni el Legislativo se han decidido a trabajar.