Editorial de Gestión. Todos estos hechos ocurren en momentos en que Pedro Castillo casi no ha abordado el tema. (Foto: GEC)
Editorial de Gestión. Todos estos hechos ocurren en momentos en que Pedro Castillo casi no ha abordado el tema. (Foto: GEC)

AGENDA PENDIENTE. A pesar de que para la población la lucha anticorrupción ocupa el séptimo lugar en las prioridades del próximo Gobierno —según la última encuesta de Datum—, lo cierto es que para el Poder Ejecutivo, a todo nivel gubernamental, la corrupción resulta un grave cuello de botella que impide el transparente y adecuado funcionamiento de las instancias de las entidades estatales en el país. La experiencia de los últimos años evidencia que varias de las falencias que reclama la ciudadanía no se deben necesariamente a la falta de recursos, sino a la corrupción de sus autoridades que termina generando un mal uso del presupuesto que debe ser invertido en la atención de la población o directamente en desfalcos como evidencia el sinnúmero de autoridades investigadas y sancionadas por esos hechos. Por ello, la lucha constante contra esta lacra debe ser un claro objetivo del próximo Gobierno.

Actualmente, un hecho más de corrupción ocupa la atención del país: el caso de los llamados “Dinámicos del Centro” en la región Junín. Según el contralor de la República, Nelson Shack, su institución ya había emitido un par de informes en el 2018, en los cuales establecía una serie de observaciones sobre la manera cómo se otorgaban las licencias de conducir e incluso el año pasado pusieron bajo la lupa la contratación de una de las empresas médicas. Sin embargo, a pesar de los informes, los involucrados no pudieron ser sancionados directamente por la Contraloría, pues carece de esa capacidad y eso no cambiará en el corto plazo, pues el Ejecutivo acaba de observar la autógrafa del Congreso que intentaba darle esa facultad.

El Ejecutivo aduce que un régimen administrativo sancionador a cargo de la Contraloría debilitará el sistema que hoy lidera Servir. Sin embargo, la Contraloría señala que en términos prácticos eso implica prolongar la impunidad de los funcionarios involucrados.

Todos estos hechos ocurren en momentos en que Pedro Castillo casi no ha abordado el tema de la lucha anticorrupción, más allá de algunas frases de discurso político: es decir, no ha indicado la forma en que sus palabras se traducirán en medidas, en caso de un eventual gobierno, más aún cuando el último caso puede tener repercusiones al interior del partido político que representa.

La lucha anticorrupción no puede detenerse.

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