Incongruencias laborales

LEGISLACIÓN. Si algo caracteriza a las normas en el Perú son sus continuos vaivenes, lo cual es más evidente cuando se trata de materia laboral. Frente a los incumplimientos o abusos, la solución del legislador es extremar las exigencias, lo que en más de una ocasión se traduce en medidas casi imposibles de cumplir, incluso para el Estado.

Una última muestra de esta situación se da con la nueva norma para las trabajadoras del hogar. Cualquier empresa puede contratar a una persona verbalmente, pero en el caso de las trabajadoras del hogar, deberá ser por escrito y presentarse ante el ministerio, una exigencia que actualmente solo aplica para extranjeros. Asimismo, no se permite contratar por un periodo fijo (un año, por ejemplo), sino que se asume que será indefinido, algo que no aplica en otros casos.

Si bien con las trabajadoras del hogar –debido a excesos cometidos– se extreman las exigencias, en otras situaciones se flexibilizan, por ejemplo, las empresas, debido a la pandemia, podrán utilizar más la figura del contrato a plazo fijo y, por ende, la figura del cese por fin de contrato, reconociendo los problemas económicos por los que pasan algunas compañías.

Este no es el único ejemplo de incongruencias donde, por un lado, se dan facilidades, y, por el otro, se hace más rígida la legislación laboral. Los contratos CAS (con beneficios laborales reducidos), así como las contrataciones vía locación u ordenes de servicio, son un reconocimiento, por parte del Estado, de lo rígido que puede serle el despido de un trabajador. Sin embargo, para el sector privado es casi imposible contar con una modalidad similar y, por el contrario, las nuevas normas buscan restringir la desvinculación laboral.

Otra muestra está dada por la negociación colectiva, que en el ámbito privado puede llevar, incluso, al arbitraje obligatorio, mientras que en el Estado, aun con una ley aprobada, todavía se está evaluando.

Hace unos meses, desde esta columna, refiriéndonos al trabajo remoto, señalamos que no debería haber un desfase entre la realidad y las leyes. Si bien es necesario evitar los abusos, ello no puede conllevar a ahondar las diferencias entre los trabajadores, más aún en los casos en que incluso el Estado es consciente de la imposibilidad real de cumplir determinadas exigencias. Reducir la informalidad requiere una mirada real a la situación que se enfrenta y salidas factibles de cumplir, de lo contrario, las normas aprobadas serán solo letra muerta.