Incoherencias mayores

RESTRICCIONES. El sábado, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo 162-2020-PCM que, entre otras medidas, flexibiliza el confinamiento de los adultos mayores (de 65 años de edad en adelante) y de quienes presenten comorbilidades. Ahora, estas personas podrán realizar caminatas a 500 metros de sus casas, de una hora máxima y tres veces por semana. Las otras restricciones siguen: no pueden salir de sus casas ni recibir visitas y deben evitar el contacto físico con quienes viven con ellos pero tienen que salir a la calle. En suma, seguirán en reclusión y aislamiento, excepto durante tres horas semanales.

La norma fue promulgada luego que la Defensoría del Pueblo remitiera un oficio a la PCM en el que demandaba modificar tales restricciones, “a fin de que estas guarden coherencia con el respeto íntegro a los derechos fundamentales de las personas adultas mayores”. La Defensoría argumentó que luego de casi siete meses de confinamiento obligatorio, esta población (que supera los 2.4 millones de personas) está sufriendo la falta de actividad física –lo que el decreto supremo subsana en parte–, pero también la pérdida de independencia y la soledad, sumadas al impacto en su salud mental –ansiedad, depresión, trastornos del sueño y estrés–. Habría que agregar la afectación en su autoestima por sentirse marginados y privados de sus derechos básicos.

El celo del Gobierno por proteger a este grupo etario es entendible. Es el que presenta, de lejos, la mayor cantidad de fallecimientos por covid-19. Sin embargo, lo que no se entiende es que tal preocupación no se refleje en la provisión de otros servicios. Por ejemplo, se les autoriza a salir de sus casas si requieren atención médica, ante una emergencia o urgencia, pero cabría preguntarse cuál es el riesgo de contraer covid-19 u otra enfermedad en un hospital, sobre todo teniendo en cuenta que la atención ha empeorado durante la pandemia –lo evidencian las 11,000 muertes que no fueron por el virus sino por falta de tratamiento adecuado–.

También se les permite hacer colas para cobrar algún bono o realizar trámites que requieran su presencia física, es decir, exponerse al contagio en esos lugares o en el transporte público que los traslade. Otra incoherencia de la reclusión de los adultos mayores tiene efectos económicos: según el INEI, 2.2 millones de hogares dependen de personas de más de 60 años. Y pronto surgirá un problema electoral: ¿se aplicarán estas normas de aislamiento a los candidatos presidenciales y congresales adultos mayores?