No es el momento de fomentar la polarización en el país, pues la gravedad de la pandemia que se enfrenta requiere un trabajo en conjunto. No hay que perder lo avanzado. (Foto: ONPE)
No es el momento de fomentar la polarización en el país, pues la gravedad de la pandemia que se enfrenta requiere un trabajo en conjunto. No hay que perder lo avanzado. (Foto: ONPE)

Conocidos los resultados finales del conteo de la ONPE, algunos temas han quedado definidos. El primero es que serán Pedro Castillo y Keiko Fujimori quienes participarán de la segunda vuelta y uno de ellos será elegido presidente de la República para los próximos cinco años. El segundo es que la representatividad de ambos candidatos es muy débil. Las cifras muestran que en votos emitidos ambos suman apenas el 26% y en votos válidos el 32%. Para decirlo en sencillo, de 24 millones de personas en edad de votar, 2.7 millones votaron por el representante de Perú Libre y 1.9 millones por la líder de Fuerza Popular. Ninguno puede creer que representa al país, apenas un mínimo porcentaje de peruanos los apoyaron en la primera vuelta y eso es algo que no deben olvidar.

Ambos candidatos deben ser conscientes de que el Perú está fragmentado —no en vano el Congreso tendrá 10 bancadas— y ni siquiera el alto número de candidatos que postularon a la Presidencia alcanzó para representar a todo el país, pues quienes no votaron por alguien fue ron 3.1 millones (votos en blanco + viciados), mientras que 7.3 millones no acudieron a las urnas. Es decir, casi la mitad (10.4 millones) decidió no participar. Si a esta realidad política se suma la crisis sanitaria y económica, se podrá entender que en el país lo último que se necesita es promover la polarización. Ambos candidatos y sus equipos deben comprender que es momento de profundizar la democracia y que la ciudadanía se dé cuenta de que este sistema de gobierno, aun con problemas, tiene mayores beneficios que otras formas de organización, porque sirve para garantizar derechos (aunque a veces tome años conseguirlos), y si bien quedan tareas por hacer no se puede retroceder en los logros obtenidos. Son las vigas maestras que hay que defender sobre las cuales seguir construyendo país.

En primer lugar, están los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, sobre todo el referido a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Tanto las mujeres como otros grupos discriminados han debido trabajar año a año para ver reconocidos en los hechos derechos que ya figuraban en el papel, y por eso en los avances conseguidos en la igualdad de género o los derechos sexuales no se puede retroceder. Se puede discutir cómo implementarlos, pero no dar marcha atrás en lo avanzado. La igualdad de oportunidades es algo irrenunciable.

Lo mismo debe aplicarse a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. Este derecho se debe aplicar irrestrictamente. No se puede permitir una ley que apueste por evaluar los contenidos de la televisión y la radio antes de su difusión. Una mal llamada ley de regulación de los medios fácilmente se puede convertir en censura y, según la experiencia en otros países, transformar a los medios en una caja de resonancia del gobierno de turno.

“No es el momento de fomentar la polarización en el país, pues la gravedad de la pandemia que se enfrenta requiere un trabajo en conjunto. No hay que perder lo avanzado”.


En cuanto a las libertades económicas, es necesario mantener los cinco artículos fundamentales del régimen económico. El artículo 60 en que “sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. El artículo 61 que señala que “el Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas”. El artículo 63, que considera que “la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”. El artículo 66, que señala que “los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación”, y el artículo 84, que establece que “El Banco Central tiene autonomía… está prohibido de conceder financiamiento al erario”.

Consideramos importante mantener dichos artículos y recordar que pese a que hemos logrado un mayor crecimiento no ha sucedido lo mismo con el desarrollo, y la piedra angular es la reducción de la pobreza. Los avances son innegables —la tasa de pobreza en 1989 era de 53% en el área urbana y de 64% en el área rural, y en el año 2019 la pobreza bajó a 20.2% y la pobreza extrema de 2.8%—. Aunque en el 2020, por la pandemia, se ha revertido la tendencia decreciente. Pero las cifras dicen poco cuando no están acompañadas de acciones que busquen la mejora en las condiciones de vida.

Para lograrlo se requieren políticas públicas que sean promercado y no proempresa para evitar las distorsiones. Es necesario que la economía sea prodesarrollo, lo cual significa atender infraestructura básica, empezando por salud, educación y comunicaciones. Sin duda, eso puede significar realizar actualizaciones en determinados artículos de la Constitución, sin modificarla en su totalidad. Pero más que eso, se requiere que la ciudadanía conozca las normas constitucionales y se apliquen, lo cual es responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno.

Esta actualización va unida a las libertades políticas que también es necesario mantener. La Constitución ya cuenta con mecanismos de consulta, como el referéndum, que funcionan adecuadamente. También es importante respetar la división de poderes, la cual debe ser clara y no puede romperse. En ese sentido, ya sea el actual o el próximo Congreso debe abocarse a revisar el tema de la vacancia moral, eliminando la subjetividad de la norma, y si no logra hacerlo por cuenta propia debería solicitarle al Tribunal Constitucional que dote de contenido a la norma actual. Lo cual recuerda que no se puede mantener un Estado de Derecho sin un ente que sea el máximo intérprete de la Constitución, sea el TC o la sala constitucional de la Corte Suprema (como ocurre en otros países), pero siempre alejado del poder político.

En esta segunda vuelta la responsabilidad ciudadana es clave, todos deben pronunciarse. Hay que ir a votar el próximo 6 de junio. Un país de 24 millones de votantes no puede tener un presidente que no llegue a los cinco millones de votos. Lo que está en juego es el futuro del país y no se puede dejar en manos de los otros una decisión que nos compete. Pero antes de votar, la ciudadanía debe exigir compromisos de ambos candidatos. Deben repensar sus propuestas para incluir las expectativas de los más de 12 millones de peruanos que no los eligieron. Pero estos compromisos no deben quedar solo en papel.

Deberían traducirse en hechos concretos, como, por ejemplo, conocer a las personas que los acompañarán de llegar al poder: ¿quiénes serán el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Salud, el titular de Economía, el ministro de Educación y quién será el presidente del BCR? Los nombres darán una señal del camino que se piensa seguir.

Ambos candidatos deben buscar el diálogo, pero este implica necesariamente estar dispuesto a escuchar al otro y consensuar. Es decir, tratar de encontrar puntos intermedios. De lo contrario no es diálogo sino imposición.

Una de las bases de este diálogo deben ser las políticas públicas de eficiencia en el gasto urgente, tarea que junto con la reforma de salud y de educación deben ser ineludibles. La pandemia ha desnudado la ineficiencia en el gasto público y eso implica abordar temas como la regionalización que, en la práctica, no ha funcionado.

No es el momento de fomentar la polarización en el país, pues la gravedad de la pandemia que se enfrenta requiere un trabajo en conjunto. No hay que perder lo avanzado.