Editorial de Gestión. Mientras no ratifique las declaraciones de Chapultepec y Salta, poco de lo que diga podrá cambiar la imagen ya formada. (FOTO: GEC)
Editorial de Gestión. Mientras no ratifique las declaraciones de Chapultepec y Salta, poco de lo que diga podrá cambiar la imagen ya formada. (FOTO: GEC)

PERIODISMO. “La prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes”, reza una de las líneas finales en la película “The Post: los oscuros secretos del Pentágono”. Lamentablemente, diversas autoridades y figuras públicas se olvidan de esta idea y pretenden que el discurso de medios y periodistas se ajuste a los “temas de interés del Ejecutivo” –tal como dijo la primera vicepresidenta, Dina Boluarte, hace algunos meses–. El discurso de Pedro Castillo, desde que era candidato, siempre fue de recelo cuando no de ataque hacia los medios de comunicación, y la relación casi no cambió una vez que asumió la presidencia. A pesar de haber dicho lo contrario, el mandatario prefiere no dar entrevistas a la prensa y evita al máximo el contacto ocasional (cuando está en algún evento oficial) para no dar declaraciones, un hecho que no se había visto con sus antecesores, quienes eran conscientes de que la necesidad de comunicar debe partir de la más alta autoridad.

Es cierto que varios de los ministros sí dan entrevistas y declaraciones a los medios de comunicación, pero desafortunadamente la actitud del mandatario no es aislada. Así, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, tampoco ha perdido ocasión para criticar duramente a la prensa, y tratando de justificar el silencio del presidente y su falta de comunicación, dice que eso se debe a que “ciertos medios” “no quieren informar”, sino más bien tenderle “una emboscada al presidente Castillo, para desvirtuar cualquier palabra que diga”.

Nuevamente, queda claro que la idea del Gobierno –tanto de Castillo, sus ministros y varias otras autoridades– es que los medios de comunicación no deben realizar ninguna crítica, deben callar sus dudas e informar solo aquello que le interese comunicar al Ejecutivo. Nada más alejado del papel que deben cumplir los medios de comunicación en un país que se precia de ser libre. Esta actitud no es solo del Gobierno, varias otras figuras políticas buscan ejercer todo tipo de presiones cuando los comentarios que se publican no son de su agrado. Eso queda de manifiesto en la querella por difamación agravada planteada por César Acuña contra Christopher Acosta, autor del libro “Plata como cancha”. El líder de APP olvida que la difamación es la “difusión de informaciones falsas”, y lo que recoge el libro son declaraciones de terceros, ya sea dentro de procesos de investigación como de entrevistas y documentos similares. Si hoy el juez Raúl Jesús Vega falla a favor de Acuña sería un golpe al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión en general.

Según la CIDH, la libertad de expresión y la libertad de información son una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, pues su ejercicio libre contribuye con la formación de la opinión pública, pero mientras el Gobierno no ratifique las declaraciones de Chapultepec y Salta, poco de lo que diga podrá cambiar la imagen ya formada.

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