Editorial de Gestión. El Estado debería ser igual o quizás más exigente con los servicios que brinda. (EFE/Alberto Valdés).
Editorial de Gestión. El Estado debería ser igual o quizás más exigente con los servicios que brinda. (EFE/Alberto Valdés).

EDUCACIÓN BÁSICA. Uno de los pocos servicios que no ha retornado a la presencialidad –ni siquiera con aforo reducido– es el educativo. Las razones son varias. Primero, tanto el sector público como el privado pudieron adecuarse –pero con inconvenientes– a la educación virtual. Segundo, la mayoría de las instituciones educativas no cuenta con la infraestructura suficiente para poder afrontar los protocolos sanitarios que exige el cuidado de las personas en esta pandemia y, finalmente, el temor de los padres respecto al contagio de sus hijos es mayor a cualquier decisión que pudiera plantearse.

Sin embargo, tal como afirmó el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, la presencialidad es lo que sostiene el acto educativo y ningún esfuerzo de educación virtual podrá reemplazarla. Por ello el Ministerio elaboró un protocolo para el regreso a las aulas, cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, bajo cuatro supuestos: seguro, gradual, flexible y voluntario, pero sobre todo será una decisión multisectorial que incluirá también la opinión de los padres de familia.

Lo importante de las declaraciones del ministro es que los primeros que podrían ser considerados en este plan de retorno a clases presenciales serán las zonas rurales, donde, reconoció, ha sido más complicado el desarrollo de las clases remotas y se dará prioridad a la educación inicial y a quinto de secundaria.

Tal como ha sucedido en el tema de salud, la pandemia ha desnudado las carencias que existen a nivel educación, en el sector privado, pero sobre todo en el sector público y que abarcan tanto el tema de infraestructura como de personal. Cubrir estas carencias será un reto que deberá asumir el próximo Gobierno, y del que lamentablemente casi no estamos escuchando hablar a los candidatos.

El ministro Cuenca ha reconocido que al sistema educativo le falta flexibilidad, y eso pasa también por el personal con el que cuenta. La meritocracia de la carrera magisterial deberá ser uno de los principales aspectos en los que se enfoque el nuevo Gobierno. Esta crisis que ha debido afrontar el sector ha servido para evidenciar qué profesores están a la altura del reto y cuáles no.

El reciente reglamento que fija las condiciones que deben cumplir los colegios privados merece mayor debate, pues plantea requisitos que el sector público no cumple. De nada servirá crear una entidad similar a Sunedu para la educación básica, si no se exige el mismo nivel de cumplimiento para los colegios públicos. El Estado debería ser igual o quizás más exigente con los servicios que brinda. ¿Tienen conocimiento del último reglamento los candidatos presidenciales?