Editorial de Gestión. En lugar de centrar la atención en los usuarios, se han privilegiado los intereses de propietarios de rutas y vehículos. (Foto: Jorge Cerdán)
Editorial de Gestión. En lugar de centrar la atención en los usuarios, se han privilegiado los intereses de propietarios de rutas y vehículos. (Foto: Jorge Cerdán)

TRANSPORTE. El gobierno de Pedro Castillo está delineando, con el paso de las últimas semanas, a quiénes se refiere y a quiénes no cuando proclama que gobierna para el “pueblo”. Ciertamente, no está pensando en los alumnos de colegios estatales, que corren el riesgo de que vuelva a deteriorarse la calidad de la enseñanza. Pero sí tiene en mente a los transportistas informales, a quienes les acaba de abrir las puertas de la perpetuidad. Los millones de usuarios –incluidos escolares–, que son el centro de la reforma de ese caótico sector, no le interesan.

El titular del MTC, Juan Silva, registra multas por haber conducido vehículos piratas, y sigue nombrando funcionarios sin experiencia y hasta con faltas similares a la suya. Quizás por ello se haya sentido identificado con las exigencias de transportistas, de Lima y Callao, y de carga y pasajeros interprovincial, que amenazaban con acatar un paro a partir de hoy –lo levantaron ante la dadivosidad del ministro–.

Entre los escandalosos ofrecimientos de Silva figuraron la renovación automática por diez años de las rutas en Lima y Callao, el retorno del diésel al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles “por tiempo indefinido”, condonar multas que suman decenas de millones de soles y, en el colmo de la debilidad, despedir a las jefas de la superintendencia del sector (Sutran), Patricia Cama, y de la agencia encargada de la reforma del transporte en la capital (ATU), María Jara. La primera se enteró de su salida vía redes sociales. La segunda no podrá ser separada tan fácilmente porque la asiste el marco legal.

Al igual que el ministro de Educación, el titular del MTC se está trayendo abajo una reforma. Dicho proceso se inició el 2019 en Lima y algunas ciudades del interior –la pandemia jugó en contra de lo poco que se había avanzado–. Es que en lugar de enfocar la atención en los usuarios del transporte público, Silva ha privilegiado los intereses de propietarios de rutas y de vehículos, que explotan a microbuseros y cobradores, y ponen en riesgo a los pasajeros.

No es la primera vez que el Estado cede ante presiones de transportistas informales. Hace dos años, el Gobierno dispuso la devolución del diésel, y el año pasado, el Congreso –presidido por la hoy premier, Mirtha Vásquez– promulgó por insistencia una ley que formaliza los taxis colectivo; la publicó el 24 de diciembre (vaya regalo navideño). Por cierto, Vásquez no ha mostrado una actitud clara sobre el accionar de Silva. Si no lo cuestiona, en la práctica significa que lo está avalando.

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