SALUD. El COVID-19 ha causado la muerte de 33 médicos y 1,773 contagiados, de los que 28 están en UCI. Alrededor de la mitad de fallecimientos corresponde a Loreto, uno de los departamentos más golpeados por la pandemia, y uno de los que menos preparados estuvo para enfrentarla. Sus autoridades no tomaron medidas para dotar a hospitales de materiales de bioseguridad para el personal ni equipos básicos para tratar a los enfermos, pese a que contaban con presupuesto, asignado por el Gobierno nacional, que al final tuvo que hacerse cargo del problema –con la colaboración del Vicariato de Iquitos, que montó una planta de oxígeno tras organizar una exitosa colecta–.

El caso de Loreto también puso de manifiesto que en los gremios de los profesionales de salud no todo es unión y que el ego de algunos de sus representantes puede más que la necesidad de seguir colaborando, aunque en ocasiones sus recomendaciones sean convenientes pero dejadas de lado. Se notó, por ejemplo, que el ministro de Salud, Víctor Zamora, ha generado más anticuerpos que un recuperado del COVID-19. Unas declaraciones poco acertadas, provocaron que el Colegio Médico del Perú (CMP) pidiera su salida del Gabinete.

Esos reclamos no prosperaron porque el Gobierno respaldó a Zamora y porque otros nueve gremios de profesionales de la salud (sicólogos, obstetras, químico farmacéuticos, entre otros) rechazaron “actitudes individualistas que pretenden desestabilizar el sector salud”. La situación se calmó, luego de media docena de renuncias al Comando COVID-19 y de las disculpas ofrecidas por el ministro, la semana pasada.

Lo que no se observó fue una reacción similar del CMP cuando se supo que médicos que pidieron licencia con goce de haber en Essalud, por estar entre la población vulnerable, siguieron laborando en clínicas privadas. El gremio tendría que saber si existen otros casos similares. Es indignante constatar que mientras hay médicos que enaltecen la profesión, otros aprovechan la emergencia para lucrar.

Volviendo a la mala gestión en la pandemia –en Loreto y el resto del país, incluida Lima–, el Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley que devuelve al Minsa la rectoría del sistema de salud a nivel nacional. Eso significa que los gobiernos regionales ya no se encargarán de la logística ni designarán a directores de hospitales en sus departamentos. Pero si el Minsa no termina con la vieja costumbre de asignar esas tareas a profesionales de la salud sin preparación ni experiencia en administración, las ineficiencias persistirán.

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