(Foto: Julio Reaño)
(Foto: Julio Reaño)

DISTURBIOS. El país continúa viviendo días difíciles y de gran incertidumbre. Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte no se detienen y, en buena parte por su propio accionar, parecen incluso estar creciendo nuevamente en intensidad. Y es que un hecho elemental que el Gobierno no parece entender es que, como ya ha ocurrido antes aquí y como ocurre siempre en todo el mundo, cuando hay protestas ciudadanas, cualquier respuesta represiva no justificada de las fuerzas del orden solo logra conseguir que más personas se solidaricen con la causa de quienes protestan.

En un contexto ya muy delicado por el fallecimiento de más de 50 compatriotas durante esta ola de protestas, el último fin de semana hemos sido testigos de una muestra más de cómo una acción en principio justificada del Gobierno, queda totalmente desvirtuada cuando hay abuso de poder y se superan los límites de lo razonable. El último sábado, cerca de 300 policías entraron por la fuerza a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para retomar el control de esta casa de estudios, que días antes había sido ‘tomada’ por un grupo de estudiantes y manifestantes en apoyo a las protestas.

Si bien la decisión de intervenir se dio en el marco de un Estado de Emergencia –lo que limita el ejercicio de derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio– y había una solicitud de las autoridades de la universidad de recuperar el control de las puertas; las imágenes, videos y testimonios difundidos de lo ocurrido durante las horas de la intervención hacen evidente que la forma en que esta se llevó a cabo fue completamente desproporcionada. Agentes entraron con violencia a la residencia universitaria y rompieron puertas, dañaron bienes materiales y enmarrocaron y maltrataron a decenas de personas en el suelo, sin que en ese momento sea posible saber quién estaba vinculado o no con las protestas. Todo esto sin presencia de fiscales y tras retrasar injustificadamente el ingreso de abogados, congresistas y representantes de la Defensoría del Pueblo.

Más allá de la posición que uno pueda tener sobre el rol de las universidades en estas protestas, debería quedarnos claro que este tipo de conductas represivas no solo son inaceptables por violar derechos fundamentales, como la presunción de inocencia (muchos de los afectados en la UNMSM no tenían nada que ver con las protestas), sino que además son contraproducentes. Si lo que buscaba el Gobierno es promover más orden, acciones como esta solo consiguen el efecto contrario.

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