Educación bajo amenaza

ALERTA. Las credenciales del nuevo ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, no auguran una gestión que afiance la reforma del sector. En el 2007, cuando era decano del Colegio de Profesores del Perú, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 29062, que modificaba la carrera pública magisterial. El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda. También es fundador de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), que reemplazó al Conare-Sutep, que es uno de los brazos políticos de Sendero Luminoso (el otro es el Movadef).

La demanda interpuesta por Gallardo cuestionaba tres puntos clave de la ley: consideraba la educación un servicio público esencial, prohibía la postulación a condenados por delito doloso y retiraba de la carrera magisterial a quienes desaprobasen la evaluación por tercera vez. Esa norma fue reemplazada, en el 2012, por la Ley 29944, que establecía una profunda reforma magisterial, la misma que ha estado en marcha desde entonces, aunque no con igual ímpetu que al inicio y con descuidos preocupantes en el caso de la modernización de la infraestructura educativa.

La oposición de Gallardo a mejorar la calidad de la enseñanza es férrea y no ha disminuido con los años. En marzo del 2020, integró una delegación de Fenatep que visitó el Minedu cuyo objetivo habría sido presionar al Gobierno de entonces para que no prosiga con la reforma. Entre sus acompañantes estuvo el hoy presidente Pedro Castillo y gente vinculada al Movadef. A menos de una semana de su nombramiento, se multiplican las advertencias del riesgo de que busque la politización de la educación con ideas anacrónicas y extremistas.

Otro riesgo es que al interior del Minedu ganen fuerza las posturas para reducir la exigencia de las evaluaciones a los docentes. Incluso durante la breve gestión de Juan Cadillo, habría habido intentos de la Dirección de Desarrollo Docente para eliminar las secciones de razonamiento lógico y comprensión lectora de esas pruebas. Mientras tanto, ni Gallardo ni Castillo, y tampoco la premier, Mirtha Vásquez, han tomado la palabra para plantear el rumbo que seguirá la política educativa el próximo año, mucho menos en el mediano y largo plazo.

¿La presencialidad abarcará tanto a colegios como a universidades e institutos? ¿Cómo se abordará la nivelación, o se dará por hecho que no se puede recuperar lo perdido? ¿Cómo serán las evaluaciones a los alumnos? ¿Podrá Gallardo concentrarse en estos retos y dejar de lado su defensa de la mediocridad?