abría que preguntarse si lo más eficiente es tener 1,874 unidades ejecutoras que realicen compras individuales.
abría que preguntarse si lo más eficiente es tener 1,874 unidades ejecutoras que realicen compras individuales.

MUNICIPIOS. Entre las medidas dictadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos del covid-19 figura el reparto de víveres a las poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza, así como a adultos mayores y personas con discapacidad. Se destinarán S/ 213.65 millones a los 1,874 municipios del país –tanto provinciales como distritales– para la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar.

Al margen de lo adecuado de la medida, lo que cabe preguntarse es si los municipios están en la capacidad de afrontar un desafío logístico de tal envergadura, y de hacerlo en tan poco tiempo. Por ejemplo, tienen plazo hasta hoy para aprobar la desagregación de los recursos asignados –y los repartos no podrían postergarse por demasiado tiempo–. Es que los antecedentes no juegan a favor de la eficiencia edilicia, en especial cuando se trata de realizar gastos no programados. Basta recordar la experiencia de hace tres años con El Niño costero o del terremoto del 2007.

Y en estos días, muchos no han dado la talla: el alcalde del Rímac esperó demasiado para desmentir el rumor de que su municipio repartiría víveres, cuando las colas abarcaban varias cuadras, y el de Barranco fue fotografiado ingresando donaciones a su casa. También figuran los que han sido detenidos por desacatar el estado de emergencia, incluidos los sorprendidos bebiendo licor como los de Querocoto y Huabal (Cajamarca), Pillpinto (Cusco), Picota (San Martín) y el exalcalde de Huanchaco que ahora es teniente alcalde de Trujillo.

Esto no significa que no existan burgomaestres responsables y comprometidos con su labor, aunque habría que preguntarse si lo más eficiente es tener 1,874 unidades ejecutoras que realicen compras individuales. Es por ello que para la adquisición de los víveres tendría que implementarse una plataforma que además de abaratar costos vía la compra por volúmenes, defina cuáles son los productos de las canastas. Al respecto, el Instituto de Defensa Civil tiene un manual de alimentación para casos de emergencias, mientras que el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social maneja listas de beneficiarios de sus programas asistenciales.

También será clave la participación de la Contraloría, a fin de asegurar que no se repitan irregularidades como ocurrió en emergencias pasadas. Aunque el anunció de que no podrá hacer control concurrente para los bonos, devela que también será difícil hacerlo para este caso. Quizá también sea útil convocar a otras instituciones, como ONG y parroquias, para asegurar que los víveres lleguen a quienes los necesitan.