Decisiones tardías

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Es inaceptable comprobar que desde todas las instancias del Estado se les da poca importancia a los delitos que implican violencia de género. Ejemplo de ello fue la decisión inicial de la Comisión de Ética del Congreso de no investigar al legislador Luis Cordero, de Fuerza Popular, quien ha sido acusado de agresión física contra su esposa. De los trece parlamentarios presentes apenas dos votaron a favor de la investigación, cinco lo hicieron en contra y seis se abstuvieron. Lo sucedido fue tan escandaloso y generó tantas críticas que a la comisión no le quedó otra opción que reconsiderar la votación e iniciar una investigación de oficio.

Lamentablemente, este no es el único caso y no es el único poder del Estado donde sucede. El tema resulta tan grave que incluso el expremier Guido Bellido tuvo una denuncia y en lugar de llevar adelante una exhaustiva investigación, la ministra de la Mujer, Anahí Durand, prefirió plantear un curso sobre derecho a la igualdad y prevención de la violencia, el cual inició recién el sábado 2 de octubre con la participación de todos los ministros para “prevenir el hostigamiento sexual”. Hasta ahora se desconocen los resultados.

Pero Bellido no es el único, el actual ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, tiene denuncias de agresión física y sicológica contra su pareja. Por su parte, el ministro del Ambiente, Rubén José Ramírez, tiene un historial de denuncias policiales, donde figuran incidentes como agresiones y acoso sexual. Sin embargo, ambos siguen en sus puestos, y no existe ni la menor crítica a su comportamiento, mucho menos una investigación.

Ayer, durante un discurso, el presidente Castillo dijo que “la corrupción también está ligada a la extorsión sexual”. Por ello planteó la fijación de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado y dijo que separarán a los corruptos. Sin embargo, ¿cómo se puede creer en esta declaración si frente a las denuncias sobre violencia de género no se actúa?, ¿cree el mandatario que la extorsión es más grave que la violencia física o sicológica?, ¿o solo importan los delitos que están vinculados a contratos con el Estado y no cuando se trata de las parejas de ministros, congresistas u otros funcionarios u otras mujeres violentadas por estos personajes?

Lo grave de esta situación es que la clase política parece más interesada en defender ideologías que derechos, y más cuando se trata de derechos de las mujeres.