Decisiones equivocadas

“Las palabras no bastan y se necesitan hechos concretos que las avalen”, dijimos en Gestión luego del discurso que dio Pedro Castillo tras su proclamación como presidente. Las acciones tomadas por el mandatario en sus primeros dos días dejan en claro que lo dicho al ser proclamado como presidente respecto a que gobernaría para todos los peruanos y la invitación a sus contendores a trabajar unidos fueron apenas “palabras huecas”. Tanto el contenido de su mensaje a la Nación como la elección de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros evidencian que se ha descartado la posibilidad de gobernar con el apoyo de “todos” o para todos los peruanos. Será Perú Libre y sin duda su ideario el camino a seguir por el Gobierno.

A esta opción se suma no solo la excesiva demora en la elección de su Gabinete y la ausencia de ministros en la cartera de Economía y de Justicia sino también que se trata de un equipo poco experimentado en la labor del Estado y con dudas de lo que podrá ser su eficacia.

Para empezar, juramentar a nombre de una nueva Constitución no da la imagen de un presidente elegido dentro de un marco legal que se debe respetar. Luego su mensaje se inició con un recuento histórico incompleto y parcializado. Afirmar que con “la fundación del virreinato se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten”, es olvidar que ya en el incanato existían las castas y que los quechuas en su crecimiento avasallaron a varias de las culturas que habitaban incluso antes que ellos. Además, en plena celebración del Bicentenario, olvidó mencionar a los héroes de la Independencia y se saltó el luctuoso periodo en que la agrupación terrorista Sendero Luminoso atacó al país matando a miles de ciudadanos.

Luego, intentó dar tranquilidad al señalar que no habrá expropiaciones ni controles de cambio sino orden y predictibilidad en la economía, pero acto seguido se contradijo al dejar en claro que, en contra de lo señalado por la Constitución, el Banco de la Nación ofrecerá todos los servicios financieros de la banca comercial, rompiendo así el carácter subsidiario del Estado. Sucedió lo mismo cuando planteó que Petroperú participará en todos los aspectos de la industria petrolera, la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, o que la meta del Gobierno será recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales.

El discurso también estuvo plagado de promesas que generarán un mayor gasto público (bonos, créditos, incremento de remuneraciones, aumento de presupuesto para sectores como Educación, entre otros) tanto como aumento del tamaño del Estado (desde la creación de un nuevo ministerio hasta nuevas comisiones). Sin embargo, no dijo ni una sola palabra sobre cómo se generarán los recursos que se requieren para financiar todos esos gastos.

Si bien mencionó de la necesidad de promover las inversiones, al parecer está pensando en sostenerse en la inversión pública, pues hablar de un nuevo término, como la rentabilidad social, señalando de manera general lo que este concepto incluye, no genera la predictibilidad que toda inversión privada requiere. ¿Quién determina la rentabilidad social, el Gobierno o las comunidades?, ¿podría un proyecto tener rentabilidad social y no licencia social? Si fuera así, ¿se llevará a cabo? ¿Cómo viabilizará la figura del Estado, como socio o ejecutor mayoritario? Demasiadas dudas que no promueven la inversión.

Y aunque al ser proclamado intentó desterrar de la mente de la población la idea de que su Gobierno seguirá las líneas de otros gobiernos de izquierda en la región, el que se busque expandir “el sistema de las Rondas, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población”, sin duda se asemeja mucho a los grupos creados en Cuba y Venezuela.

“El discurso estuvo plagado de promesas que generarán un mayor gasto público tanto como aumento del tamaño del Estado. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra sobre cómo se generarán los recursos necesarios”.

Por otra parte, suena poco creíble que se busque “desterrar la corrupción” y “sancionar con dureza y rapidez a todos los que participen en ella”, pero no se diga nada de Vladimir Cerrón, quien está sentenciado por corrupción.

Asimismo, dedicar un gran espacio del discurso a la convocatoria para una Asamblea Constituyente que no está regulada en la Constitución es una postura no solo populista, sino, además, una razón más para generar inestabilidad en un país con una grave crisis sanitaria, económica y social que lo que necesita es tranquilidad y estabilidad para salir de la situación en la que se encuentra.

Pero si el mensaje dado el 28 de julio no era suficiente para entender que Pedro Castillo será un presidente que representará a la izquierda más radical, la elección de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros lo deja en claro. El nuevo premier está siendo investigado por el presunto delito de apología al terrorismo y se ha caracterizado por sus frases misóginas y homofóbicas que lo muestran como una persona con la que conversar, o tratar de llegar a acuerdos sería muy complicado, y una característica vital para el cargo de premier es ser convocante.

Además, el nombramiento de Bellido muestra que el llamado a la concertación nacional se perdió en el aire. En más de una ocasión, Bellido ha insistido en que el ganador de las elecciones es Perú Libre y por tanto son sus miembros los que deben copar los cargos públicos, criticando incluso al equipo de profesionales que los apoyó durante la segunda vuelta y que no pertenecen a su agrupación.

Todas estas acciones dejan en claro que Pedro Castillo sabe perfectamente la ruta que le quiere imponer a su Gobierno, y está muy alejada de sus palabras de consenso y moderación por la búsqueda del bien común. Quienes creían que el ideario de Perú Libre no sería la hoja de ruta a seguir por el actual Gobierno se equivocaron, quienes quisieron ver un enfrentamiento o un alejamiento entre Castillo y Cerrón también se equivocaron, y por ello quienes creen que el camino que el nuevo Gobierno plantea llevaría al país a situaciones ya vividas en otros países de la región e incluso en el Perú, no pueden ser condescendientes. Los pasos que sigue el Ejecutivo son de no retorno y ahora le corresponde al Legislativo impedir el descalabro del país.