Costosos proyectos

CRÉDITOS. Hace unas semanas, desde estas líneas se resaltó la “creatividad” de la que hacen gala los parlamentarios para aprobar algunos proyectos. En su momento fue la Comisión de Defensa del Consumidor, que aprobó congelar el pago de cuotas de préstamos por varios meses. Ahora vuelve a la carga la Comisión de Economía, con la reciente aprobación del dictamen que busca permitir que los deudores puedan reprogramar sus deudas en el sistema financiero sin que se les cobren cargos adicionales, como las tasas de interés moratorio.

Sin duda, se trata de una iniciativa que será aplaudida por varios deudores -incluso por algunos congresistas que también pueden verse beneficiados-, pero que en la práctica generaría más perjuicios que beneficios, sobre todo porque antes de aprobar cualquier medida los parlamentarios deberían tener un mayor conocimiento de cómo funciona el sistema financiero y cuáles pueden ser las mejores salidas.

Por ejemplo, si hubieran escuchado a la SBS sabrían que el 70% de los créditos a la microempresa ya fueron reprogramados, en el caso de las pequeñas empresas el porcentaje llega a 64.8%, y en el caso de las personas naturales al 50%. Lo adecuado, por ello, sería buscar salidas para casos específicos y no dar medidas generales que pueden beneficiar a quienes no lo requieren.

Ya se ha dicho, pero vale la pena repetirlo, la tasa de interés (activa) es la retribución que bancos y demás entidades financieras cobran por el dinero que prestan, que no es suyo, sino en mayor parte de sus ahorristas, es decir, cuando un deudor deja de pagar perjudica a un ahorrista. En momentos en que el bajo nivel de bancarización del país ha sido uno de los factores que ha impedido que la cuarentena pudiera ser cumplida de mejor manera, no se pueden dar medidas que lleven a los pocos que están dentro del sistema a querer retirarse.

No está de más que los congresistas recuerden que los créditos son contratos y que la Constitución prohíbe modificar los contratos con leyes u otras normas (artículo 62). Además, la primera función de los legisladores es hacer cumplir las leyes y mantener la seguridad jurídica.

En momentos en que la reactivación económica es una de las preocupaciones no solo del Gobierno sino de las personas que buscan recuperar sus empleos, afectar a la seguridad jurídica no es la mejor opción. El remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.