Con dinero, pero ineficientes

DÉFICIT FISCAL. El COVID-19 obligó al Gobierno de Martín Vizcarra a reformular el Presupuesto Público del año pasado y a suspender la regla fiscal que establecía los niveles de déficit fiscal para el 2020 y 2021 (que debía ser 2% y 1.8% del PBI, respectivamente). Ello debido a que la crisis sanitaria y económica iba a comprometer un aumento del gasto público y provocar una reducción de la recaudación. En setiembre, el BCR proyectó que el “nuevo” déficit fiscal para el 2020 sería 9.2% del PBI.

Sin embargo, en diciembre revisó esa proyección: 8.6% del PBI, es decir, el año pasado cerró con un déficit fiscal menor al que se esperaba. Pero esa aparente muestra de eficiencia fiscal fue todo lo contrario, pues se debió principalmente a que el sector público gastó menos de lo que tenía presupuestado; el otro factor, menos relevante, fue la menor caída de los ingresos corrientes. Ello resulta especialmente preocupante (y vergonzoso) en el aspecto sanitario, pues se dejaron de devengar S/ 869.6 millones en recursos para combatir el covid-19 (13.1% de lo presupuestado).

Este “ahorro” contrasta con los pedidos que con lastimosa frecuencia hacían los profesionales de la salud, que decidieron permanecer en la primera línea de atención a pesar de que afrontaban escasez de todo, desde equipos de protección personal y oxígeno, hasta camas y fármacos para tratar la enfermedad. Eso sin olvidar a quienes no recibieron las bonificaciones que les correspondían y otros cuyos contratos no habrían sido renovados a pesar de que el virus nunca dejó de atacar. El peor desempeño correspondió al Gobierno nacional, que dejó de gastar S/ 681.6 millones, seguido de los gobiernos regionales.

Para este año, el BCR también proyecta un déficit fiscal menor del que esperaba en setiembre (4.4% del PBI en lugar de 5.1% del PBI). Esta revisión se basa en una mayor recaudación, impulsada por la recuperación de la economía que la autoridad monetaria calcula para este año. El BCR precisa que esta proyección no incluye el gasto, por alrededor de S/ 16,000 millones, que originaría la ley que dispone la “devolución” de aportes a la ONP, cuya determinación de constitucionalidad está en manos del Tribunal Constitucional.

Hay otros dos factores de riesgo. Primero, la magnitud de la segunda ola de contagios, que afectaría la reactivación económica, sobre todo si se declaran cuarentenas y, con ello, la recaudación y el gasto. Segundo, la política económica que adoptará el nuevo Gobierno y su estrategia para combatir el covid-19 (si es que tendrá una).