Editorial de Gestión. Si los cambios en el Gabinete sirven para transparentar las cifras, el país daría un paso adelante.
Editorial de Gestión. Si los cambios en el Gabinete sirven para transparentar las cifras, el país daría un paso adelante.

COVID-19. Si algo se ha hecho más que evidente en todo este tiempo en que el país viene haciéndole frente a la pandemia es la diferencia que existe entre las cifras oficiales y las cifras reales generadas por el coronavirus. No solo hay una diferencia en la data respecto a los decesos -que puede deberse al número de personas que fallecieron sin contar con un diagnóstico oficial de COVID-19-, sino que, además, respecto al número de peruanos contagiados hay discrepancias entre la información que brinda cada día el Ministerio de Salud a través de la Sala Situacional y la que brindan las Direcciones Regionales de Salud.

Solo por darnos una idea, con cifras comparadas al 15 de julio la diferencia en los contagios superaba los 83,000 casos, mientras que en los fallecidos era mayor a 5,000. Hay departamentos donde las discrepancias son abismales, como Loreto y Arequipa, donde la distancia entre una y otra data supera los 14,000 casos. Incluso, una reciente información da cuenta de que el 71% de los habitantes de Iquitos se ha contagiado con el virus, algo que no se evidenciaba en las cifras del Minsa.

La propia ministra Pilar Mazzetti reconoció que las estadísticas brindadas por las Direcciones Regionales son más confiables que las del Minsa, y este reconocimiento debería llevar al Ejecutivo a utilizar las cifras más precisas, pues solo con datos más cercanos a la realidad se pueden tomar decisiones adecuadas. Un error en la data puede generar graves errores en la estrategia a aplicar en la lucha contra el coronavirus, y ese podría ser uno de los factores que explique el fracaso del planteamiento aplicado hasta el momento.

En ese sentido, la decisión del Parlamento de instalar una comisión para conocer la realidad sobre el número de muertos por la pandemia no estaría fuera de lugar, ya que tratándose de vidas humanas las personas tienen derecho a saber lo que sucedió con sus familiares. Sin embargo, la ministra ha reconocido que es una labor que podría llevar entre uno y dos años, según la experiencia de otros países.

Las declaraciones del ministro Walter Matos respecto a que podría volver a instaurarse una cuarentena, pero esta vez focalizada, suman a la idea de que el Gobierno tendría la intención de sincerar las cifras de contagio y de fallecidos, solo así podría justificarse el regreso a la cuarentena. Si los cambios en el Gabinete sirven para transparentar las cifras, el país daría un paso adelante.