Editorial de Gestión. La asignación de publicidad estatal puede convertirse en un mecanismo de premio o castigo a los medios de comunicación.  (Foto: Congreso)
Editorial de Gestión. La asignación de publicidad estatal puede convertirse en un mecanismo de premio o castigo a los medios de comunicación. (Foto: Congreso)

PUBLICIDAD ESTATAL. En octubre de 2018 el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30793 -ley que regulaba el gasto en publicidad estatal-, y señaló la conveniencia de elaborar una nueva legislación en materia de publicidad estatal tomando en consideración mecanismos que efectivamente reduzcan la arbitrariedad en el ámbito de publicidad institucional en medios de comunicación privados, siguiendo los criterios planteados en la sentencia.

Por ejemplo, a modo de referencia, el TC precisó que podían utilizarse criterios como el uso de indicadores de audiencia, tiraje o cuota de mercado, distribución geográfica, idioma, así como la evaluación del público objetivo al que se desea llegar con la publicidad y qué medios serían los idóneos para llegar a él.

Sin embargo, en el Congreso se ha decidido asumir esa recomendación, pero por un camino equivocado, pues se han presentado ya tres proyectos (AP, Podemos y APP) que buscan hacer ajustes a la normativa de publicidad estatal estableciendo límites y cuotas a la contratación de medios de comunicación, ya sea por su alcance nacional o si se trata de medios educativos, comunitarios o comerciales.

La sentencia del TC destacó que “la asignación o no asignación de publicidad estatal puede convertirse en un mecanismo de premio o castigo a los medios de comunicación en función de si se alinean o no con el discurso del gobierno de turno, lo que potencialmente podría configurar una fuerte alteración de las reglas del fair play democrático, por cuanto permitiría al Estado hacer uso de sus recursos para evitar cualquier clase de control por parte de algunos medios”.

Esta advertencia hace ver el cuidado que debe ponerse al regular esta materia y la necesidad de no apartarse de las recomendaciones de los magistrados constitucionales. Pues la tentación de legislar siguiendo las animadversiones estará siempre presente.

La forma en que las diferentes bancadas han planteado los proyectos hace que pueden ser utilizados de manera equivocada y servir para presionar e interferir en las líneas editoriales de los medios de comunicación.

Además, el actual Parlamento no se caracteriza por hacer un trabajo técnico, con el necesario tiempo de análisis y convocando la opinión de la mayor cantidad de especialistas. Por el contrario, en los últimos meses ha dictado normas sin el suficiente sustento, exonerándolas de la segunda votación y, en algunos casos, siguiendo intereses particulares.

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