Editorial de Gestión. ¿Cuánto más está dispuesto a ceder el Gobierno a fin de que no se le considere contrario a las calles? (Foto: César Campos/GEC)
Editorial de Gestión. ¿Cuánto más está dispuesto a ceder el Gobierno a fin de que no se le considere contrario a las calles? (Foto: César Campos/GEC)

SEÑALES PREOCUPANTES. La llegada del Gobierno de transición trajo un nuevo ministro del Interior y también la decisión de designar a un nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, César Cervantes, removiendo al anterior comando por las denuncias de abuso policial durante las marchas de protesta contra el Gobierno de Merino. Este nombramiento no estuvo exento de críticas. Primero porque inicialmente el mandatario afirmó que se realizaría una investigación, pero el cambio ocurrió antes de concluir las indagaciones. En segundo lugar, porque para la designación se tuvo que pasar al retiro a 18 generales, una medida que -a pesar de las diversas explicaciones que se dieron- fue ilegal a criterio de especialistas y exministros de diversas tendencias ideológicas.

Las críticas no se quedaron en palabras, pues otros miembros de la Policía renunciaron en señal de desacuerdo e incluso se habló de una huelga policial. Lo ocurrido fue de tal magnitud que el ministro del interior, Rubén Vargas, renunció. En carta a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, insiste en que todo fue legal y de urgente necesidad. Sin embargo, la decisión obedeció a que el Gabinete se presenta hoy para el voto de confianza, y su presencia afectaba políticamente al régimen.

Pero la salida del ministro no es el único efecto generado con el cambio en la Policía. Tratando de alejarse de los resultados violentos de las últimas marchas, César Cervantes señala que, en el paro agrario de los trabajadores en Ica, la Policía actuará con una “actitud muy conservadora” y que su orden ha sido clara: “Ningún costo social”. Es verdad que la Policía no debe hacer un mal uso de la fuerza, pero tampoco puede renunciar a su función de hacer cumplir la ley y cuidar el orden público.

¿Si la Policía ve a una persona cometiendo un delito como un robo, su labor no es detenerla, aún a riesgo de que en la persecución se pudieran generar heridos o muertos? ¿Se han olvidado de que si bien las personas tienen el derecho a reclamar y hacer marchas o huelgas, el cierre de carreteras es un delito?

La caída de un ministro, el cierre de carreteras sin sanciones, derogación de normas sin mayor análisis. ¿Cuánto más está dispuesto a ceder el Gobierno a fin de que no se le considere contrario a las calles? Lamentablemente, este Gobierno va camino a seguir la ruta de sus antecesores y dar el mensaje de que la única manera de lograr resultados es cerrando carreteras. Un mensaje que da pie a la ingobernabilidad.