Editorial de Gestión. Haría bien el MEF en explicar esta realidad a los nuevos congresistas (y a quienes contraten como asesores). (Foto: Francisco Neyra / GEC)
Editorial de Gestión. Haría bien el MEF en explicar esta realidad a los nuevos congresistas (y a quienes contraten como asesores). (Foto: Francisco Neyra / GEC)

RECURSOS FISCALES. Hay demasiados congresistas, y aspirantes a serlo, que creen que la caja fiscal es un barril sin fondo y que hay dinero para todo lo que exigen, prometen y aprueban en proyectos de ley que se saltan el mandato constitucional que les prohíbe emitir leyes que afecten el gasto público. Más de un candidato presidencial también dio muestras de vivir en esta realidad alternativa donde los recursos financieros del Estado son infinitos, y ofrecen con desparpajo aumentos presupuestarios –como porcentaje del PBI para que sus propuestas parezcan “técnicas”– porque aseguran que hay dinero disponible.

La campaña electoral de este año ha estado plagada de esa supuesta generosidad, en particular dirigida a aumentar el gasto en educación y salud, y a repartir bonos bastante elevados a la población afectada por la pandemia. Los candidatos dijeron, y los dos que quedan en la competencia siguen diciendo, que sus promesas son factibles porque el Estado tiene depósitos “disponibles”. Pero esas afirmaciones no son ciertas, de modo que habrá que asumir que no están bien informados.

De los S/ 87,000 millones que las entidades estatales mantienen en el BCR, Banco de la Nación y bancos privados, el 64% pertenece a las entidades depositantes (ONP, Essalud, gobiernos regionales y locales, etcétera) y ya está comprometido como parte de sus respectivos presupuestos. El 36% restante, que a diciembre del 2020 equivalía a S/ 31,000 millones, corresponde a recursos propios del Tesoro público para cubrir gastos presupuestados, incluidos prefinanciamientos y recursos procedentes de endeudamiento para proyectos de inversión pública. En otras palabras, no se trata de recursos de libre disponibilidad.

Por tanto, si se hace necesario reorientarlos a nuevos gastos, se tendrá que reducir (o eliminar) el presupuesto original. Por ejemplo, es lo que se ha estado haciendo para cubrir las urgencias de recursos públicos provocadas por la pandemia: se quitó dinero de muchas partidas para destinarlas a compras de material médico, pago de bonos y otros gastos imprevistos. Si el próximo Gobierno insistiese en usar ese dinero para elevar el presupuesto de ciertos sectores, tendrá que reducírselo a otros.

Haría bien el MEF en organizar sesiones de inducción para explicar esta realidad a los nuevos congresistas (y a quienes contraten como asesores), a fin de que no sigan el mal ejemplo de los actuales, así como a quien gane la elección presidencial, más sus correspondientes consejeros. Quien quiera entenderlo, lo entenderá.