Editorial de Gestión. Lo más preocupante es que la caída de la inversión pública en febrero fue la más pronunciada.
Editorial de Gestión. Lo más preocupante es que la caída de la inversión pública en febrero fue la más pronunciada.

INVERSIÓN PÚBLICA. Con tantos cambios de Gabinete en apenas siete meses, el Gobierno de Pedro Castillo ha sido uno de los más pródigos en ofrecer millonarios gastos en infinidad de rubros. De los cuatro jefes de la PCM que ha tenido el régimen, hasta ahora, tres se han presentado ante el Congreso para obtener el voto de confianza –a Héctor Valer no le dio tiempo, pues apenas duró una semana en el cargo–. Siguiendo la costumbre de esos discursos, el martes de la semana pasada el premier Aníbal Torres anunció a los legisladores incrementos sustanciosos en el presupuesto público, tanto en gasto corriente como en inversión pública. Lo que no dijo es de dónde saldría ese dinero.

Tampoco olvidó leer un resumen de los “logros” conseguidos por el Gobierno, del cual ha sido parte desde su inicio, en esos siete meses. Por ejemplo, mencionó el récord histórico de inversión pública del 2021 y el déficit fiscal de 2.6% del PBI con que se cerró ese año, muy por debajo de las proyecciones oficiales. Con respecto a la ejecución de obras, lo que Torres obvió fue reconocer que las cifras más grandes de ejecución se registraron durante el Gobierno de Francisco Sagasti o en los primeros meses de la gestión de Castillo –es decir, correspondió a transferencias de recursos que fueron programadas con anterioridad–.

Lo que ha ocurrido con la inversión pública en los últimos meses ha sido lo contrario de lo que Torres habría buscado hacer creer al Congreso y al país: ha estado disminuyendo desde octubre pasado, lo que significa que al cierre de febrero llevaba cinco meses en rojo. Lo más preocupante es que la caída en dicho mes fue la más pronunciada (20% respecto de febrero del 2021), mientras que en noviembre y enero se contrajo 17%. Si la inversión pública lleva contrayéndose por casi un semestre, lo que el Gobierno ha hecho fue apagar uno de los principales motores de la economía.

Con respecto al déficit fiscal del año pasado, el retroceso de la inversión pública fue justamente uno de los factores que explican su reducción, y ha seguido siéndolo (el resultado anualizado a enero fue 2.5% del PBI). Otro fue el aumento de la recaudación tributaria y no porque el Gobierno esté promoviendo la inversión privada, sino principalmente por el alza de la cotización internacional de los metales, lo que se reflejó en la producción minera nacional. Existe el temor a que para financiar el mayor gasto corriente anunciado por Torres, se opte por transferir recursos presupuestados para inversión pública, algo que sería contraproducente.