RETIRO DE APORTES. El presidente Sagasti, con la prerrogativa que le otorga la ley, el 26 de abril observó el proyecto del Congreso que establecía un quinto retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones. El Ejecutivo envió sus observaciones al Congreso y este decidió aceptar algunas y desechar otras. Posteriormente, con la facultad que le permite la Constitución, aprobó por insistencia la iniciativa. Sin embargo, resulta inaceptable que se pretenda amenazar al ministro de Economía –con una censura– o al mandatario –con la vacancia– si deciden, tal cual también es su facultad, plantear una acción de inconstitucionalidad contra la norma aprobada. Más allá de los argumentos de fondo de cada parte, resulta importante que los poderes del Estado se manejen dentro de lo que establece la legislación y se elimine la mala actitud de usar mecanismos jurídicos como amenazas.
La norma aprobada por el Congreso y que permite el quinto retiro de fondos desde que empezó la pandemia, podría convertirse, en la práctica, en la partida de defunción del Sistema Privado de Pensiones. Gracias a los cuatro retiros anteriores, de los 7.8 millones de personas con una cuenta de AFP, dos millones ya no tienen ni un sol en sus fondos. El quinto retiro aprobado podría incrementar esa cifra a 5.4 millones. Es decir, el número de personas que pasarían a necesitar del subsidio de pensión 65 –al no tener un fondo de pensiones–aumentará en los próximos años, generando así un mayor gasto público.
Si bien la pandemia ha generado en varias familias una situación económica crítica que las hace olvidar la necesidad de pensar en el futuro, el Estado no puede hacer eco de este olvido y mucho menos los candidatos que hoy en segunda vuelta buscan llegar al sillón de Pizarro. El plan de gobierno de Perú Libre señala que su postura es la de fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones y eliminar paulatinamente el Sistema Privado de Pensiones, aunque no explica cómo lo piensa hacer, ni qué sucederá con aquellos que ya no cuenten con un fondo para ser trasladado. Si bien a eso se suma la intención de disminuir a 60 años la edad para acceder “Pensión 65”, las consecuencias serán graves para el erario nacional.
Por su parte, Keiko Fujimori plantea reformar el Sistema Privado, incluyendo a los independientes e informales y con la asistencia para quienes tengan menos recursos, pero la norma aprobada por el Congreso la podría dejar sin un sistema para reformar.
Frente a la actitud del Congreso, lo que se requiere de los candidatos en campaña son propuestas viables y sostenibles en el tiempo, de tal forma que sus bancadas puedan defender para evitar la aprobación de normas facilistas que no miran más allá del corto plazo.