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Editorial: Cuidado con los cambios

Editorial de Gestión. "La experiencia internacional ha demostrado que castigar a los corruptos y cobrar las reparaciones no debe implicar la desaparición de las empresas". 

Odebrecht

FOTO 1 | Además de ser una empresa de construcción, Odebrecht S.A. también es un conglomerado de ingeniería, agricultura y producción petroquímica.

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DECRETO DE URGENCIA 003. En febrero del año pasado, luego que la empresa Odebrecht confesara el pago de coimas para conseguir concesiones del Estado, el Ejecutivo dictó el Decreto de Urgencia 003, con el que pretendía asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado sin paralizar las obras que el país requiere. Tal como señalamos en su momento, la norma contenía algunos vacíos que el paso de los meses fue haciendo más evidente y que generaron que algunos de los supuestos no fueran aplicables.

Con la idea de mejorar la norma, el Congreso la revisó y planteó modificaciones. Sin embargo, la mirada política de los parlamentarios primó sobre la mirada técnica, y así uno de los cambios fue incluir a las empresas socias y exsocias de Odebrecht en las restricciones de la norma, aun cuando ellas no hubiesen confesado la comisión de un delito o no estuvieran sancionadas, lo cual genera vicios de inconstitucionalidad, según precisó el Gobierno en sus observaciones a la autógrafa de ley.

El Ejecutivo ha pedido al Congreso revisar la norma y realizarle cambios, pues castiga la cadena de pagos, con lo cual afectará los derechos de los acreedores laborales, tributarios y proveedores, además considera que afectará el desarrollo de inversiones y hará inviable el ingreso de nuevos inversionistas, ya que pese a las pesquisas que realicen las empresas interesadas siempre existirá el riesgo de ser incorporadas en el D.U. 003.

Recibidas las observaciones del Ejecutivo, el Parlamento puede insistir en la autógrafa o revisarla y acceder a algunos de los cambios planteados por el Gobierno. Dada su importancia, la Comisión de Constitución verá el tema este mes y debería tener dos puntos muy claros al momento del debate: la culpabilidad de los ejecutivos que hayan cometido delito debe quedar a cargo del Poder Judicial y las empresas deben seguir en marcha asumiendo su papel de tercero civilmente responsable, es decir pagar todas las reparaciones que correspondan.

La lucha contra la corrupción no debe tener tregua, de allí que sea importante conocer todos los casos y a todos los involucrados. Sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado que castigar a los corruptos y cobrar las reparaciones no debe implicar la desaparición de las empresas.

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