Editorial: Contrarreforma

VACIANDO LAS ARCAS. Gastar dinero ajeno puede ser el sueño de muchas personas, pero cuando el dinero es del Estado, es decir de todos los peruanos, el sueño puede convertirse en pesadilla. El lunes, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el proyecto de ley de negociación colectiva en el sector estatal que, si bien a primeras luces sería adecuado y hasta justo, puede generar un riesgo para la estabilidad fiscal del país.

Sin duda, los trabajadores del Estado, al igual que sucede en el sector privado, tienen derecho a plantear su pliego de reclamos y negociar con su empleador mejoras laborales, pero, a diferencia del sector privado, el dinero de donde podrían salir esas mejoras depende de un presupuesto estatal, que se fija cada año y que al final de cuentas está supeditado a los impuestos que pagan todos los peruanos. Por esta razón, la negociación colectiva en el sector estatal debe ser tratada con especial cuidado.

El proyecto aprobado plantea que la negociación se inicie con el tiempo suficiente para que pueda ser aprobada antes de que se cierre el presupuesto del siguiente año, y de no llegar a acuerdo podrían irse a arbitraje. Sin embargo, dado que se trata de dinero público, esta decisión de los árbitros debería estar limitada por el presupuesto de la entidad (en el proyecto no se establece límite). Además, en el sector privado, si la decisión del laudo arbitral es impugnada, la empresa no está obligada a cumplirlo hasta que se resuelva la nulidad. Pero el proyecto aprobado en el Congreso señala que el laudo se ejecutará obligatoriamente dentro del plazo indicado, aun cuando las partes planteen su nulidad.

Si bien algunos reclamos pueden ser justos, otros exceden incluso los beneficios del sector privado, como lo demuestra el reciente arbitraje ganado por los trabajadores de ProInversión, el cual obligaría a la entidad a entregar dos canastas de víveres al año, por S/ 1,000 cada una, S/ 700 mensuales por vale de alimentos, alrededor de S/ 40,500 para que los trabajadores puedan pagar sus estudios tanto en el país como en el extranjero y un bono de S/ 12,500 por cierre de pliego. ¿Cuántas empresas privadas pueden otorgar estos beneficios a sus trabajadores?

Las mejoras laborales deberían estar supeditadas, entre otros puntos, a la capacidad económica de la entidad, al nivel de inflación y a la productividad de los trabajadores. Eso aplica para el sector privado y con mayor razón para el Estado, lo contrario es legislar con una actitud populista que tanto daño hizo en el pasado y que hoy implica una contrarreforma a los avances de los últimos 25 años.