Editorial:Ciclo perverso de la inversión pública

TENDENCIA. La inversión de los gobiernos subnacionales –regionales y municipales– se reduce cada vez que hay cambio de autoridades. Eso ocurre cada cuatro años y, a pesar de ser un problema recurrente, no se ha encontrado la fórmula para solucionarlo o por lo menos atenuar esas caídas que afectan fuertemente la inversión pública total, considerando que el 60% corresponde al componente subnacional. Es más, existe el temor de que la situación empeore en el 2019, habida cuenta de que la prohibición de reelección entró en vigencia en los comicios del domingo.

El motivo principal es harto conocido: la ejecución presupuestal se retrasa porque los nuevos gobernadores y alcaldes necesitan tiempo para aprender sus funciones. Los gobiernos anteriores ofrecieron brindar asesoría y capacitación a las autoridades electas, pero si observamos los números, habrá que concluir que la ayuda no fue óptima (o que no se brindó). En el 2011, durante el Gobierno de Alan García, la inversión pública subnacional se redujo 12.1%, mientras que en el 2015, con Ollanta Humala, la caída fue mayor (18.7%).

El Gobierno de Martín Vizcarra también ha ofrecido soporte técnico, así que está por verse si será otro saludo a la bandera o realmente se intentará poner fin a este ciclo de ineficacia. Se podría esperar que la inversión del Gobierno Nacional compense la contracción, pero los antecedentes tampoco son alentadores, pues aunque este componente se elevó no fue suficiente para evitar que la inversión pública total se redujese, tanto en el 2011 (5.5%) como en el 2015 (4.2%). ¿Ocurrirá lo mismo el próximo año?

Además del periodo de aprendizaje, otros dos factores retrasan la inversión pública subnacional, según un análisis elaborado por el BCR. Uno es la remoción de funcionarios y el otro la posibilidad de que la nueva autoridad decida no continuar con los proyectos que la anterior gestión dejó pendientes y priorice obras compatibles con su oferta electoral. El instituto emisor concluye que estos factores impactarían negativamente en la ejecución presupuestal, especialmente en el primer año.

Ese perverso hábito de hacer borrón y cuenta nueva tiene que terminar. La modernización del Estado no podrá emprenderse si cada cuatro años gobernadores y alcaldes despiden profesionales por motivos políticos –muchos de ellos capacitados por Servir– y desandan lo andado en materia de obras públicas. Dado que el grueso del presupuesto proviene de transferencias del Gobierno Nacional, el presidente Vizcarra y sus ministros deben tomar nota de estos riesgos. Si vuelven a presentarse las mismas ineficiencias, significará que no se ha aprendido nada.