Editorial: Chau Chávarry

MINISTERIO PÚBLICO. A pocas horas de terminar el 2018, en una actitud que lo pinta de cuerpo entero y que era de esperar debido a su comportamiento desde que asumió funciones, el fiscal de la Nación retiró de sus cargos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Y si bien intentó que el hecho generara el menor ruido posible (de allí la fecha y hora elegida), lo cierto es que esta salida no hizo sino acelerar una decisión que, al parecer, el Ejecutivo había tomado hace varios meses, y por ello este presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público.

Inicialmente, algunos apoyaron la decisión de Chávarry, pero poco a poco las voces en contra fueron creciendo, lo que generó que el fiscal de la Nación diera marcha atrás y decidiera dejar sin efecto la destitución de Vela y Pérez. Sin embargo, la jugada no le alcanzó, pues el Parlamento ya derivó el proyecto a comisiones y la Junta de Portavoces podría llevarlo directamente al pleno.

Cuando Chávarry asumió el cargo, desde estas líneas dijimos que todas sus acciones estarían bajo sospecha y en reiteradas oportunidades solicitamos que diera un paso al costado, pues se había convertido en una piedra en el zapato para las investigaciones del caso Lava Jato. Hoy que las fuerzas políticas están pidiendo su salida (Apra, PpK, Frente Amplio y la Bancada Liberal), al igual que los fiscales supremos, y que al parecer ha perdido el apoyo de Fuerza Popular, la duda que flota en el aire es si el fiscal de la Nación renunciará o esperará a que el Parlamento apruebe la norma para reformar el Ministerio Público y lo destituya.

Pero mientras las luces están puestas en Chávarry, pocos han reparado en el daño generado al acuerdo de colaboración con Odebrecht que debía firmarse el 11 de este mes, y que sin duda podría trabar todas las investigaciones del caso Lava Jato, porque la inseguridad jurídica generada con estas marchas y contramarchas puede desanimarlos. Además, extrañamente, el presidente Vizcarra se pronunció en contra de que Odebrecht contrate con el Estado (ahora Fuerza Popular presentará un proyecto en el mismo sentido), a pesar de que, según ha trascendido, sería un punto del acuerdo de la Fiscalía, y la voz del presidente –pues por más que quiera ya no puede hablar a título personal– es importante.

¿Qué pesa más, la indignación contra una empresa que cometió delitos en el país o la necesidad de conocer a fondo a los funcionarios públicos, políticos y empresarios que se coludieron con Odebrecht y se beneficiaron de ello? ¿A qué están jugando las autoridades?