(Foto: Senasa)
(Foto: Senasa)

COMPETITIVIDAD. La simplificación administrativa es una condición clave para elevar la competitividad de un país. En ese sentido, el Perú todavía tiene mucho por hacer para reducir el número de los trámites burocráticos y el tiempo que se tiene que esperar para recibir licencias o autorizaciones –así como las tarifas por servicios que muchas veces no valen tanto–. Todo esto se traduce en costos de transacción que las empresas se ven obligadas a asumir, lo cual afecta su rentabilidad, en especial si de dedican al comercio exterior.

Se han logrado avances, muy pocos en el ámbito municipal si se compara con las entidades del Gobierno nacional, en particular las agencias reguladoras. Un caso notable, según el último Reporte de Inflación del BCR, es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que entre el 2015 y el 2018 redujo de 12.1 a 1.9 días el tiempo promedio de respuesta para la emisión de certificados fitosanitarios de exportación, muy por debajo del plazo establecido en su TUPA, que es de siete días.

La agencia ha implementado otras mejoras, como la emisión automática de documentos resolutivos de solicitudes y la introducción de la firma digital, lo que favorece la agilización de las exportaciones de productos agrícolas. De hecho, debido al dinamismo de ese sector, Senasa se ha convertido en la reguladora que más solicitudes atiende en la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) implementada por el Mincetur (55.6% del total).

No obstante este progreso, el BCR apunta que existe un conjunto de aspectos “que podrían limitar su eficiencia y efectividad”, entre ellos, la falta de coordinación con otras entidades del Estado –en particular con la Sunat–, y con el sector privado, así como la falta de presupuesto, capacidades y autonomía operativa. Otra debilidad que afronta la agencia, según el BCR, está referida a la actualización y priorización de protocolos fitosanitarios, un tema que es clave, pues las restricciones que hoy imponen otros países ya no son arancelarias, dado que con muchos de ellos están vigentes tratados de libre comercio.

Al respecto, cabe recordar dos casos recientes en los que las autoridades peruanas no anticiparon las consecuencias: las restricciones de la Unión Europea a sus importaciones de cacao y mango. Ni el Senasa ni el Minagri, al que está adscrito, ni el Mincetur actuaron a tiempo, y su inacción afectará los envíos de esos productos al Viejo Continente. En suma, se necesita un afinamiento en el trabajo técnico de la agencia (ojalá no se les ocurra rebautizarla), que además incluya un reforzamiento de sus capacidades para atender al sector forestal.