El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (Foto: GEC)
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (Foto: GEC)

REFORMA TRIBUTARIA. Todas las normas tienen como base la necesidad de generar predictibilidad jurídica, es decir que las personas sepan lo que está permitido, lo que no lo está y las consecuencias que el incumplimiento de la ley genera. En el caso de las normas tributarias, es indispensable que los contribuyentes entiendan el sentido de la legislación, que no puede ser solo la necesidad de recaudar, sino sobre todo de ampliar la base tributaria, para que cada vez más personas cumplan con las obligaciones tributarias que les corresponden. Asimismo, una regla que no debe olvidar el Gobierno es que ni la lucha contra la informalidad ni la necesidad de recaudar puede justificar que las normas se apliquen de manera retroactiva, pues eso va contra la predictibilidad.

Los últimos cambios realizados por el Gobierno a través de las facultades delegadas no parecen seguir una línea clara. Se han dado marchas y contramarchas como, por ejemplo, en el caso de la revisión de las exoneraciones tributarias, en la legislación tributaria para los regímenes especiales –como el agrario– o la elusión (una medida indispensable, aunque son necesarios algunos ajustes). Tampoco queda claro que las modificaciones aprobadas tengan como fin último la lucha contra la informalidad.
El pago de impuestos no es voluntario. Ningún contribuyente paga sus impuestos con felicidad, pero si entiende la razón de ser de cada pago y es consciente de la finalidad que tiene ese cobro, puede ser más sencillo que cumpla con sus obligaciones.

También es importante involucrar a los contribuyentes en la labor de recaudación y lucha contra la informalidad. En ese sentido, permitir que los ciudadanos puedan deducir gastos si piden recibos y boletas electrónicas es un buen mecanismo, pero no puede ser el único. La Administración Tributaria debe buscar otros medios para seguir ampliando la base tributaria.

Si bien la Sunat requiere contar con todas las facilidades para poder cumplir su labor, como acceso al secreto bancario, o normas para combatir la elusión, es necesario que se garantice la institucionalidad, es decir que las facilidades conseguidas no serán mal utilizadas y lograr que se equilibre el férreo control de la Administración Tributaria con entidades como el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial que realmente velen por los contribuyentes. Todo ello lo debe tener en cuenta el Ministerio de Economía, que es el responsable de la política tributaria.