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SALUD. La presidenta de Essalud dejó en claro, en entrevista con Gestión, que la institución que dirige —y que no depende del presupuesto del Estado— tiene serios problemas económicos que ponen en riesgo su sostenibilidad de largo plazo. El problema de ingresos que enfrenta tiene varias aristas. Una es la deuda que mantienen tanto instituciones privadas como públicas, es decir, empresas que nunca cumplieron con pagar el aporte de sus trabajadores y que representa casi la tercera parte del presupuesto anual. Otra es la diferencia en el porcentaje de aportes establecida por los diferentes congresos que buscando beneficios para ciertos sectores económicos olvidaron que Essalud no se financia con dinero público y, finalmente, afronta una disputa judicial con la ONP que, por el momento, le obliga a seguir pagando las pensiones de un grupo de jubilados, entre ellos los que tienen cédula viva.

En el corto plazo, para tratar de cubrir la brecha que existe tanto en infraestructura como en atención, Essalud necesita instrumentos que le permitan mejorar su recaudación y equiparar los aportes. Sin embargo, en el largo plazo, el tema de la salud en el país es más complejo y requiere de una labor articulada entre Essalud y el Ministerio de Salud (Minsa).

La coexistencia de un seguro para los trabajadores formales (Essalud) y de un Seguro Integral de Salud (SIS) —que nació para cubrir a los peruanos en situación de pobreza, pero fue extendiéndose poco a poco a diferentes sectores, al punto que hoy atiende a más del 52% de la población— se ha convertido, por un lado, en un factor más de informalidad y, por otro lado, el servicio (en ambos casos) sigue sin ser el óptimo que requiere la ciudadanía.

La forma desarticulada en que creció el SIS generó que aproximadamente tres millones de personas que deberían estar en el esquema semicontributivo (con algún tipo de copago) usen el sistema subsidiado (que es cubierto totalmente por el presupuesto público, es decir, con impuestos).

En un país donde la recaudación de impuestos no es óptima y los recursos son escasos para poder cumplir con todas sus obligaciones, si el Estado quiere ser eficiente debe priorizar sus gastos y hacer que el servicio de salud pueda ser prestado por quien pueda (Essalud, Minsa, SIS o sector privado) vía el intercambio prestacional. Una mirada a la propuesta del Consejo Privado de Competitividad podría ayudar al Gobierno a viabilizar este camino.