(Foto: ATU)
(Foto: ATU)

TRANSPORTE. Tras un arranque parsimonioso, en junio del año pasado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) está dando señales de que ha abordado la inmensa responsabilidad que tiene asignada: integrar y articular el transporte público en la capital. La presidenta del consejo directivo de la ATU, María Jara Risco, asumió el cargo a mediados de octubre, luego de un breve periodo (cinco meses) al frente del MTC, una cartera que tiene tareas pendientes mucho mayores, en más sectores y a nivel nacional –que hasta ahora no ha sabido abordar con firmeza–.

Jara describe el transporte público capitalino como “bastante precario”, y no le falta razón. Hay infinidad de unidades que llevan y traen personas en condiciones que en cualquier ciudad medianamente grande serían inaceptables, choferes que siguen conduciendo pese a que deben miles de soles en multas y empresas que lucran en la informalidad.

La ATU ha comenzado por apostar en el ordenamiento. Por ejemplo, se implementará un sistema para monitorear electrónicamente a todas las unidades de transporte público, las que además serán sometidas a revisiones in situ, pues es bien sabido que las declaraciones juradas no sirven. El siguiente paso será ordenar las concesiones de rutas. También habrá una nueva regulación para los servicios de taxi y de transporte escolar y turístico.

Es claro que el statu quo tiene que cambiar, aunque en ciertos casos sería recomendable repensar las reglas propuestas. Por ejemplo, es positivo exigir otro tipo de SOAT a los taxis, pero pedirles a los conductores otro nivel de brevete podría ser exagerado, lo mismo que exigirles dos revisiones técnicas al año, puesto que en nuestro país, carente de suficiente oferta laboral, el taxi es una alternativa de autoempleo –o de “cachueleo” cuando el sueldo no alcanza–.

La implementación de algunas mejoras no tendría que tomar mucho tiempo, y mientras la ATU cuente con respaldo, tanto político como popular, podrá hacerles frente a los numerosos intereses económicos que están en contra de que el transporte público capitalino se modernice. Otro obstáculo que deberá superar es la maraña burocrática que suelen imponer los municipios, poco dispuestos a coordinar, así como el aparente desinterés de la Policía en lo referente a hacer cumplir las normas de tránsito. La carga que heredará de las entidades que absorberá, como Protransporte, también será una prueba para su hasta ahora buena disposición a trabajar con eficiencia.