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Editorial: La brecha y la planificación

Editorial de Gestión. "Además de la nueva legislación, hay que cambiar la forma en que se piensa la inversión en infraestructura".

Martín Vizcarra

Martín Vizcarra subió en popularidad de 52% a 60% en el último mes. (FOTO: USI)

(FOTO: USI)

INFRAESTRUCTURA. En lo que va del Gobierno de Martín Vizcarra –siete meses–, el Ejecutivo se ha convertido en el principal emisor de leyes, al amparo de las facultades que le otorgó el Congreso en dos ocasiones (mayo y julio). Una de las áreas cubiertas fue con el objetivo de reducir la brecha de infraestructura, para lo cual se emitieron decretos legislativos como el que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas (APP) y proyectos en activos. Esta norma establece que el órgano rector del sistema nacional de infraestructura es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Su reglamento fue publicado dentro del plazo, lo cual es toda una rareza. La agencia calificadora Moody’s espera que el Perú avance en reducir esa brecha –que supera los US$ 160,000 millones– gracias a la nueva legislación. Pero no bastará con tener normas cuidadosamente elaboradas, pues lo crucial será que su aplicación responda a criterios de planificación que actualmente no son tomados en cuenta. Por ejemplo, un plan de infraestructura debería implicar que ninguna autoridad nacional, regional o local ejecute proyectos que no figuren en él.

La toma de decisiones respecto a las obras que deben ejecutarse tampoco ha sido la adecuada –los monumentos a la ridiculez y los elefantes blancos lo atestiguan–. Por ello, el papel del MEF también tendrá que abarcar la coordinación con las autoridades subnacionales y los otros ministerios, a fin de que se identifiquen y prioricen las necesidades de cada población, sobre todo en proyectos de menor envergadura pero con fuerte impacto socioeconómico.

En el caso de proyectos mayores, como las APP, el MEF prepara lineamientos para el diseño de un contrato estándar. Esto sería de gran ayuda, teniendo en cuenta las malas experiencias pasadas, como las concesiones otorgadas a Odebrecht, así como los contratos viales, que al no haber sido elaborados adecuadamente causan rechazo en la población cuando se anuncian alzas de peajes. Incluso ahora, hasta la Contraloría y la Defensoría del Pueblo se oponen.

Toda esta reingeniería enfrentará otro gran obstáculo: la burocracia del propio MEF. Ya ha habido otros intentos de agilizar la ejecución de proyectos, pero no tuvieron los resultados prometidos porque sus funcionarios tienen dificultades para adaptarse a las nuevas directrices. El hecho de que la inversión pública está subiendo y bajando abruptamente sería un indicio de que no existe una planificación eficiente.

En suma, además de la nueva legislación, hay que cambiar la forma en que se piensa la inversión en infraestructura. El Gobierno no puede desaprovechar esta oportunidad de mejorar las cosas.

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