Editorial: Autoridad perdida

CAOS. Cada día que pasa las noticias dejan en evidencia que la pérdida del sentido de autoridad en el país no solo se extiende, sino que se agudiza. Ya era habitual que las huelgas o marchas, que en un inicio se planteaban como actividades pacíficas, terminaran afectando la propiedad privada y pública sin que las fuerzas del orden, que por lo general están presentes para ser disuasivas, pudieran hacer algo. Pero hoy, los ataques se multiplican en situaciones individuales: los policías son atacados cuando intentan cumplir con su deber; los fiscalizadores, ya sean de los municipios u organismos como Sunafil u Ositran, son objetos de continuos ataques y maltratos, por citar algunos ejemplos.

Las escenas que se registran diariamente reflejan el grado del problema como lo sucedido hace dos días con cuatro patrulleros y un ómnibus de la Policía Nacional que fueron quemados por invasores en un frustrado desalojo en la provincia de Virú. También lo vemos con choferes que no dudan en pasar el carro por encima de los fiscalizadores o intervenidos que los atacan físicamente, ya sea con golpes o hasta con armas, solo porque se resisten a la intervención o a la aplicación de la ley. Estos ataques, incluso, han generado la muerte en más de un caso.

Si la policía es atacada a pesar de que las personas saben que pueden ser arrestadas y terminar en la cárcel, qué puede esperar el resto de autoridades que no cuentan con el factor disuasivo.

Pero lo que se sucede con la policía o los fiscalizadores es solamente una pequeña muestra de que la ciudadanía ha perdido el sentido del bienestar colectivo dando prioridad al beneficio personal. No le interesa cumplir las reglas, pero espera e incluso exige, que los demás sí las cumplan. Además, ha generalizado su malestar hacia las autoridades implicando a todas las instancias de gobierno, por más pequeña que estas sean, como es el caso de un fiscalizador municipal.

Si bien se le reclama al Gobierno nacional la capacidad de hacer cumplir las normas, lo cierto es que ante el desorden generalizado y la incapacidad de las autoridades de imponerse, más de uno siente el derecho de actuar como mejor le parezca, con la seguridad de que nada le ocurrirá. La impunidad que ven reflejada en los más altos niveles es la misma que saben que se repetirá con ellos.

Esta autoridad perdida es un círculo vicioso que resultará difícil de vencer, pero corresponde a las diferentes instancias del Gobierno como de la sociedad rechazar estas actitudes y sancionar drásticamente a los infractores. Para ello se requiere recuperar el liderazgo en todas las instancias.