(Foto: USI)
(Foto: USI)

MODELO FALLIDO. La crisis por la que atraviesa el Banco Agropecuario (Agrobanco) evidencia, una vez más, el fracaso de la banca de fomento en el país. Pero la solución que el Gobierno acaba de plantear –que más suena a salvavidas que a una propuesta seria y bien pensada– no resolverá el problema de la falta de acceso al crédito formal de los pequeños agricultores, además hay el riesgo de profundizar las deficiencias funcionales de Agrobanco y continuar comprometiendo dinero de los contribuyentes.

Según el proyecto de ley presentado al Congreso por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), el fondo Mi Agro, con el que se pretende hacer una especie de “borrón y cuenta nueva”, absorberá los activos y pasivos de Agrobanco, así como su personal. El titular del Minagri, Gustavo Mostajo, ha declarado que Mi Agro orientará sus recursos a los pequeños agricultores y que los financiará con “tasas preferenciales”, menores a las que actualmente cobra el banco.

Considerando que dichas tasas reflejan el costo del crédito, habrá que entender que si se busca reducirlas, la única salida será fijarlas artificialmente y subsidiarlas. Lo que Mostajo tiene que explicar es el monto anual que representaría dicho subsidio, pues se trata de dinero público. También es necesario que se esclarezca cómo se canalizarán los recursos, pues existe una gran diferencia entre las entidades de segundo y primer piso, y se ha señalado que Mi Agro funcionaría de ambas maneras.

Otro aspecto confuso es que el fondo será excluido de la supervisión de la SBS, a pesar de que realizará actividades bancarias. El Gobierno insistió y logró que el Congreso apruebe la inclusión dentro de la regulación de la SBS de las cooperativas de ahorro y crédito, de modo que es una contradicción que ahora pretenda crear una entidad financiera que no esté sometida a dicho régimen.

Tampoco está claro cómo se recuperará la cartera morosa de Agrobanco, que asciende a más de S/ 950 millones, de los que cerca del 50% está concentrado en 33 empresas, que no son precisamente pequeñas y algunas exportan (S/ 201 millones están clasificados como pérdida). La crisis del banco comenzó a gestarse en el 2012, cuando la Ley de Presupuesto de ese año autorizó a su directorio otorgar créditos sin el visto bueno del MEF. El Congreso de ese entonces no evaluó los riesgos que dicha decisión entrañaría y ahora estamos viendo los resultados de ese descuido.

El Gobierno no ha abordado el problema con suficiente prolijidad y ahora más parece responder a la proximidad de la campaña agrícola –se inicia en agosto–. Si el Congreso aprueba la propuesta, solo contribuirá a acentuar el desorden.