Odebrecht
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POLÍTICA. Cada día que pasa se comienza a percibir en mayor medida el hartazgo de la población respecto al comportamiento de los políticos, situación que en momentos alcanza a la política en sí, lo cual, más allá de la actual coyuntura, resulta peligroso para una democracia. Lo peor es que los partidos en lugar de trabajar para superar los problemas, los ahondan con sus declaraciones y propuestas. Las actitudes más recalcitrantes no vienen solo de Fuerza Popular (FP) o el Apra, sino que incluso desde algunos sectores del Gobierno.

Un ejemplo es la decisión de la congresista Yeni Vilcatoma de FP de presentar una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra, que más de un constitucionalista ya ha señalado no tendría sustento. Si bien pese al apoyo que ostenta, es innegable la insatisfacción que existe en la población porque el Gobierno se está dedicando solo a la lucha anticorrupción. A eso se suman las “imprecisiones” que tuvo el mandatario sobre su participación en la empresa familiar CyM Vizcarra, lo cual fue un error. Pero ninguno de estos hechos implica llegar al extremo de solicitar su salida como plantea Vilcatoma.

Asimismo, al perderse la mesura se llega a cuestionamientos desproporcionados como los hechos sobre la próxima firma del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. La propuesta no necesariamente es la mejor, pero —reiteramos lo dicho la semana pasada— es necesaria. “¿Qué pesa más, la indignación contra una empresa que cometió delitos en el país o la necesidad de conocer a fondo a los funcionarios públicos, políticos y empresarios que se coludieron con Odebrecht y se beneficiaron de ello?” (Gestión 03.01.2019).

Desde los primeros días de diciembre del año pasado, la mayoría de medios (incluido Gestión) divulgaron las líneas centrales y tanto el procurador como los fiscales dieron declaraciones al respecto. El acuerdo de colaboración, sin duda, merece ser mejor explicado, pero su firma se debe dar, aunque sean necesarias mayores precisiones, sobre todo en lo relativo a la información que brindará la empresa y sus funcionarios. En todo caso la prueba ácida será la calidad de información que brinden los ex ejecutivos de Odebrecht.

La mesura es una cualidad que los políticos bien podrían empezar a practicar antes que el rechazo de la población siga en aumento.