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Editorial: ¿Y ahora qué?

Editorial de Gestión. "Si hubiera realizado asesorías iría en contra de lo establecido en el artículo 126 de la Constitución"

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CASO LAVA JATO. “La mentira tiene patas cortas y la verdad siempre la alcanza”, reza un refrán popular que, al parecer, no mucha gente conoce, pues de lo contrario resulta inexplicable por qué que muchos políticos, empresarios e incluso mandatarios se esmeren en negar hechos que pueden ser comprobados.

Lo sucedido con el presidente Pedro Pablo Kuczynski es un claro ejemplo. Frente a las declaraciones de Marcelo Odebrecht, quien afirmó que su empresa lo había contratado como consultor al dejar el cargo de ministro de Economía, PPK aseguró que nunca había tenido vínculo profesional con Odebrecht, pero el pasado fin de semana reconoció haber asesorado a la empresa H2Olmos, que forma parte del grupo brasileño.

La entrevista que dio el sábado a un programa radial pudo ser el mejor momento para que el presidente decidiera explicarle al país la relación laboral que había tenido con el Grupo Odebrecht, sin embargo, optó por no hacerlo, ocultando la información que la empresa entregó ayer a la comisión Lava Jato: PPK realizó siete asesorías entre los años 2004 y 2007 a través de su empresa unipersonal Westfield Capital.

Lo más grave de esta información es que entre el 2004 y el 2006 Kuczynski era ministro de Estado, y si hubiera realizado asesorías iría en contra de lo establecido en el artículo 126 de la Constitución, que precisa que “los ministros no pueden ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

Posiblemente el presidente pueda tener alguna explicación sobre estas asesorías, pero no haber sido transparente sobre ellas y negar su existencia generan un halo de duda sobre sus acciones y llevan al país a preguntarse ¿ahora qué pasará?

Tratando de responder a la interrogante, Kuczynski, sin desmentir los hechos, anunció que recibirá a la comisión Lava Jato. El mandatario deberá contestar a todas las preguntas que le hagan sin rehuir ninguna y los miembros de la comisión deberán recordar el respeto a la investidura presidencial y evitar algunos comportamientos inapropiados que han tenido con otros asistentes a dicho grupo. Para evitar suspicacias o trascendidos que lleven a la desinformación, la sesión debería ser pública y televisada, como ha sucedido en todos los casos.

Tal como dijimos el martes, el país merece respuestas y no por cuentagotas. Ahora le corresponde al presidente salir a darlas, y pronto.

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